El dictamen, aprobado por el oficialismo, otorga al gobierno federal la propiedad y el control sobre ambos organismos.
Tras maratónica jornada, diputados de Morena y sus aliados aprobaron la iniciativa de reforma en materia de áreas y empresas estratégicas que establece que el sector público tendrá a su cargo las áreas estratégicas, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas públicas del Estado.
El dictamen reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna que detalla que el Estado tendrá el control del sistema eléctrico nacional (Comisión Federal de Electricidad) y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo (Pemex) y demás hidrocarburos.
Los legisladores votaron con 353 votos a favor y 121 en contra para aprobar en lo general la iniciativa, que también establece que no se constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: telégrafos, correos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear, y el servicio de internet que provea el Estado.
Se presentaron 260 reservas de los diferentes grupos parlamentarios, las cuales se discutirán en el transcurso de la madrugada.
Antes de iniciar la discusión se presentaron dos nociones suspensivas de la iniciativa de reforma, uno por parte de Movimiento Ciudadano (MC), que argumentó que la reforma no contempla las energías limpias, y la otra noción fue parte del PAN, que alertó que las finanzas pública se verán afectadas.
Durante las posturas, lo grupos parlamentarios de oposición afirmaron que la reforma tiene diversas deficiencias, como el saneamiento económico, y no contempla las energías renovables, sin embargo, los diputados oficialistas afirmaron que la reforma le devuelve al pueblo mexicano su soberanía sobre sus empresas.
La diputada morenista Olga Sánchez Cordero comparó la nueva reforma con las hechas por Adolfo López Mateos con la industria eléctrica y Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera, algo que calificó como una visión nacionalista, de dimensión social y hecho histórico que permitió transformar la vida de millones de mexicanos.
“Hoy, a más de seis décadas desde aquel año de 1960, esta generación, esta, liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, está tomando la decisión soberana de devolver al Estado mexicano la rectoría sobre áreas y empresas estratégicas. Con esta reforma estamos redireccionando los fines de las empresas que siempre debieron haber sido la accesibilidad del servicio público de electricidad y de Internet”, afirmó.
El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Gustavo Adolfo de Hoyos Wualther, expuso cinco razones para no aprobar la reforma en materia energética.
“Primera razón. El sector público no puede asumir el reto eléctrico solo; segunda razón para rechazarla, el marco legal actual permite perfectamente cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Energía, se puede desarrollar inversiones públicas y privadas; los cambios que se proponen en la reforma constitucional imposibilitaría la inversión privada; la adecuación del marco legal y regulatorio tomaría tiempo y la reforma, como está planteada, detonaría conflictos nacionales y, especialmente, internacionales. Por qué. Porque la reforma afectaría los acuerdos del T-MEC”, explicó.
“Al día de hoy no hay evidencia científica ni empírica del resultado de lo que podrá ser este dictamen y para muestra un botón, no se habla del saneamiento financiero ni de Pemex ni de CFE, no se habla de cómo se resolverá el problema de la generación y la distribución eléctrica para que sea garantizada. Tercero, no se habla de generar las condiciones para transitar a un modelo de energía sustentable y limpia. Cuarto, no se habla de cómo poder darle tarifas más competitivas y económicas tanto al sector residencial, a los usuarios ni al sector industrial”, detalló el diputado del PRI, Yerico Abramo Masso.
Luego de que se apruebe la reforma en lo particular en la Cámara de Diputados, pasará a comisiones del Senado, y de ser aprobada pasará al Pleno de la Cámara Alta para su discusión en el Pleno.