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USA y Canadá advierten del riesgo de la reforma judicial

Por Benjamín Domínguez Olmos

Presencia.

Ken Salazar: “en riesgo la democracia y relación comercial”

  • “Debe fortalecerse y no sujetarse a corrupción de la política”
  • “Debilitaría la integración económica de América del Norte”
  • “Preocupación entre inversionistas de Canadá”: Emb. Clark
  • Fitch, CitiBanamex y Morgan Stanley, advierten del peligro
  • El Consejo de Empresas Globales, externa su preocupación
  • “Asegurar certeza jurídica; evitar desincentivar inversiones”
  • “No incumplir tratados comerciales internacionales suscritos”

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió este jueves que la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para la elección de jueces por voto popular, pondría en riesgo la democracia y la relación comercial entre ambas naciones.

“Creo que el debate sobre la elección directa de jueces en estos tiempos, así como la política feroz si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en 2025 y 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México”,
El posicionamiento de Salazar en una rueda de prensa ocurre mientras calificadoras como Fitch y entidades como CitiBanamex o Morgan Stanley han alertado también sobre el riesgo de aprobar las reformas propuestas por López Obrador, en particular la del Poder Judicial.

El diplomático también dijo que la reforma al Poder Judicial representa “un riesgo mayor” para el funcionamiento de la democracia de México y podría permitir la intromisión del crimen organizado en el sistema de justicia.

“Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política”, enfatizó.

Además, consideró que esta reforma no combatirá la corrupción al interior de este poder, que es uno de los principales argumento de López Obrador para impulsarla.

“La elección directa y política de jueces, en mi punto de vista, informado por mi vida, no resolverá dicha corrupción judicial ni va a fortalecer al Poder Judicial. También debilitaría los esfuerzos para hacer realidad la integración económica de América del Norte”, dijo.

También alertó de los peligros de que se pudiera politizar la elección de los juzgadores.

“La elección popular directa de jueces no va a funcionar para avanzar en la democracia o para llevarnos a un Poder Judicial que de verdad tenga la fuerza para funcionar a todos los ámbitos que afecta al pueblo de México y de Estados Unidos. En la manera de ahora, con la selección de jueces, ahí puede entrar la política”,

El representante de Washington en México, también dijo que un Poder Judicial fortalecido en México debe contar con jueces capaces de gestionar litigios complejos para las extradiciones, disputas comerciales y otras cuestiones.

“Sin embargo, la propuesta, tal como está, elimina los requisitos necesarios de tener a los jueces más calificados, incluyendo la reducción de los años de experiencia necesarios para servir en todos los niveles del Poder Judicial”, aseveró.

Argumentó que la elección de jueces por voto popular puede resultar en una “política feroz” y aumentar la influencia del narcotráfico en el sistema judicial.

Insistió además en que Estados Unidos respeta la soberanía de México y confió en que se considere su postura al respecto.

Este es el primer posicionamiento claro de Washington sobre la reforma al Poder Judicial de México.

El embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, dijo a EFE este jueves que inversionistas canadienses le han transmitido sus preocupaciones sobre la reforma al Poder Judicial que impulsa el Gobierno mexicano para elegir por voto popular a jueces y a la Suprema Corte.

Cuestionado por la reforma, antes de la inauguración del foro de negocios México-Canadá ‘CanCham Day 2024’, Clark indicó que la reforma judicial, que busca la elección de cargos judiciales por voto popular en México, ha sido motivo de preocupación entre los inversionistas.

“He escuchado esta mañana estas preocupaciones. Entonces, lo único que estoy haciendo es escuchar lo que dicen nuestros inversionistas al respecto y hay preocupación”, afirmó Clark.

En ese sentido, señaló que la reforma judicial puede afectar ese “vínculo de confianza” entre los inversionistas y el Gobierno de México.

“Una inversión es una muestra de confianza. Yo voy a invertir en tu país, yo voy a, no sé, construir una fábrica o invertir en una empresa mexicana”, agregó el diplomático.

No obstante, el embajador aclaró que su “interés es transmitir las preocupaciones del sector privado canadiense” sin intervenir en los asuntos de México.

“Como diplomático, soy muy sensible a cualquier comentario que podría ser visto como una injerencia en los asuntos de México y ciertamente no es el propósito”, puntualizó Clark.

Asimismo, Clark dijo que la reforma judicial es un tema que desde la Embajada canadiense han estado siguiendo “con mucho interés”.

“Es el papel de diplomático de una embajada, seguir el desarrollo de eventos y de iniciativas que podrían tener un impacto sobre nosotros”, apuntó Clark (Con información de EFE)

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El Consejo de Empresas Globales, que representa a 60 compañías multinacionales en México, emitió este jueves un comunicado en el que expresan su preocupación ante el riesgo para la inversión que puede suponer el proyecto de reforma judicial impulsado por el presidente López Obrador. “El actual proyecto de reforma contiene algunos aspectos críticos que deben ser ajustados para asegurar la certeza jurídica y evitar que se desincentiven las inversiones“, afirma el comunicado. El CEG, cuyo consejo ejecutivo preside Manuel Bravo (líder del negocio agrícola de Bayer para el Norte de Latinoamérica y es director general de Bayer México) realiza un llamamiento para que la reforma respete algunos principios que consideran fundamentales. En primer lugar, la independencia de la judicatura, el establecimiento de procesos imparciales y equitativos de selección y nombramiento, respeto a las condiciones de servicio e inamovilidad de los jueces o la no limitación constitucional de sentencias dictadas en amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, así como en la suspensión. Además, el organismo demanda un periodo de implementación razonable “que salvaguarde la impartición de justicia y el Estado de derecho” y la emisión de directrices claras a las entidades federativas para la implementación de la reglamentación en el fuero local El comunicado señala la importancia de que la reforma “no incumpla obligaciones previstas en tratados comerciales internacionales suscritos por México“, en los que, según afirman, el país ha adquirido compromisos que obligan a asegurar un entorno estable y predecible para la inversión. “Nos preocupa que la reforma pueda vulnerar el Estado de derecho y la administración de justicia en México. La falta de capacidad de los inversionistas para obtener un recurso justo y predecible en el sistema judicial mexicano minaría, entre otras cosas, las conversaciones trilaterales que ya están en curso sobre el T-MEC en 2026″, expresa el texto. El escrito extiende además su preocupación a otros convenios como los Tratados con países europeos, el Foro de Cooperación Económica Asía-Pacífico y Tratado de Libre Comercio con Centroamérica. “El Consejo de Empresas Globales confía en que el presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum y los miembros del Congreso tomarán las decisiones más acertadas que le permitan al país seguir creciendo”, cierra el comunicado. La reforma, propuesta en un primer momento por López Obrador y que Sheinbaum ya se ha comprometido a impulsar gracias a su futura mayoría cualificada en el Congreso, pretende la elección popular de los jueces en paralelo a las elecciones presidenciales.