Ya forma parte anecdótica del México romántico de mediados del siglo XX la escena donde el popular merolico trabajaba en la calle desierta de autos y reunía en su entorno buena cantidad de curiosos a quienes seducía la cantidad de palabras pronunciadas al ritmo de metralleta, a los ingeniosos dichos y funambulescas expresiones para hacer “bailar” y obedecer al perrito que lo acompañaba; en su show, en ocasiones solo a eso se limitaba, en otras lo hacía para promover la venta de algún ungüento de propiedades casi mágicas con valor de algunos centavos. También acudía al truco de lanzar llamas por la boca y hacer malabares con habilidosa prestidigitación, la escena entusiasmaba al público que invadía las marcas encaladas y entonces pedía: “atrás de la raya, que estoy trabajando”. De aquellas escenas solo queda el recuerdo de un México ya sumergido en la nostalgia, pero la referida expresión sigue vigente y es aplicable en casos como los actuales cuando el gobierno de AMLO está empeñado en aprobar la reforma constitucional para cambiarle el rostro al sistema jurídico mexicano al desfigurar el origen e integración de lo que ahora es la Suprema Corte de Justicia, tras la elección de jueces, ministros y magistrados. De concretarse esa idea, el Poder Judicial que teóricamente sirve de contrapeso institucional en un régimen democrático pudiera convertirse en un autentico Frankenstein.
Ese ánimo demoledor de instituciones no solo preocupa a quienes en México sopesan las virtudes de mantener un Pode Judicial autónomo, ajeno a inquietudes políticas, integrado por individuos calificados en materia jurídica, escogidos y nombrados después de haber sido rigurosamente evaluados. También desde fuera del país se escuchan voces de preocupación, entre ellas la de la Administración de Control de Drogas (DEA), agencia de seguridad de los EE. UU., cuya opinión relativa a la reforma constitucional del Poder Judicial se mide con la preocupación de que la delincuencia promoviera la candidatura para jueces de abogados afines a sus propósitos. La respuesta del presidente López Obrador ha sido directa e inmediata: “Con todo respeto quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos, quién les autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros…”, pero esa respuesta no se escuchó cuando el embajador Ken Zalazar manifestó igual preocupación al asegurar que prefiere un Poder Judicial autónomo que garantice el Estado de Derecho. Esta es una reforma de gran calado que mantiene en vilo a los inversionistas del país y foráneos, a sectores importantes de la opinión pública, y a juristas cuya propuesta de ventilar el contenido y los efectos de esa reforma a la Constitución ha sido sistemáticamente desoída por el presidente López Obrador, a quien al parecer se le queman las habas por dejar concluido ese tema antes de entregar la banda presidencial a su sucesora, quien por cierto ya ha avalado el proyecto, de allí que el presidente pida a la DEA y opositores a la DEA (desde donde señalan que los 13 cárteles que operan en el país ya se aprestan a proponer candidatos a jueces) no entrometerse y queden “detrás de la raya” porque está trabajando para el pueblo
