Lo pregunto con absoluta seriedad: ¿usted aceptaría ir al quirófano a realizarse una operación delicada en manos de un médico cirujano elegido por el pueblo y no por su conocimiento y capacidad?
Bueno, pues eso es lo que está por suceder en el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia, en caso de que la sumisión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum permita al Maximato lopezobradorista imponer a los juzgadores por el voto popular y no por su conocimiento de las leyes y el derecho.
No son temas menores. Si en el primer caso hablamos de la salud, en el segundo, de la justicia y libertad, todos derechos humanos fundamentales.
Recupero una extraordinaria reflexión del maestro Ignacio Morales Lechuga, a mi juicio el mejor abogado que tiene este país:
“Para convertirse en Juez de Distrito, los aspirantes deben aprobar un examen de 4 horas sobre Amparo, Derecho penal, Proceso penal, Justicia para Adolescentes y otros temas relacionados. A continuación, deben examinar dos casos y analizar una audiencia para responder a preguntas abiertas ante un sínodo sin apoyo de la legislación.
Este año, de 579 aspirantes, sólo 46 aprobaron todo el proceso. ¿Cómo la votación popular podrá garantizar que los jueces estén preparados y calificados para el puesto?”
Así se simple, así de complejo. Así de peligroso…
En su obediencia, Sheinbaum ha aceptado realizar a través de Morena una “consulta” relativa a las reformas a la Constitución para desmembrar al Poder judicial. Sobra decir que se trata de un acto ilegal de ilusionismo para distraer a la población respecto de algo que ya está decidido.
La consulta popular ya está en la Constitución. Si bien puede ser convocada por la Presidenta o por un tercio de los integrantes de algunas de las cámaras del Congreso de la Unión, deberá ser aprobada por la mayoría de cada una de ellas. Por supuesto, ahí no radica el problema. Lo podrían hacer en este mismo momento.
El problema es que la ley de consulta popular que ellos mismos impulsaron y aprobamos todos los partidos políticos, establece requisitos de certeza, equidad y transparencia que representan un verdadero obstáculo para la urgente venganza personal del Presidente en contra del Poder Judicial.
Entre ellos, se cuenta que debe ser organizada por el INE y nunca por un partido político. Pero en la lógica de la 4T, el organismo electoral que validó su reciente triunfo electoral, no es confiable, sólo el partido que se rige por encuestas que nadie conoce.
El segundo punto es que debe contar con una participación del 40 por ciento del padrón para que sea vinculante. Durante el estreno de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes sólo participó el 7% de la población.
Y tercero. Tendrían que someterse a la regla del silencio. Ni la presidenta, ni Morena podrían hacer propaganda y, por tanto, tampoco podrían recurrir al agravio y denostación del Poder Judicial como lo hace el presidente cada mañana.
López Obrador y Sheinbaum saben que una verdadera consulta popular sería un fracaso. La consulta de Morena será un carnaval de ilegalidades, inducida y manipulada, de la que todos ya sabemos su resultado.
La justicia morirá en el quirófano a manos de la servil militancia morenista de los juzgadores elegidos por “el pueblo”.
La puntita
AMLO asegura que la reforma al Poder Judicial busca quitarle poder a la delincuencia organizada y de cuello blanco. Miente: el poder se los concedió él mismo.
