ALMA GRANDE
Los legisladores actuales hacen historia como los más negligentes y con menos vocación política en la historia.
Los berrinches, gritos y disfraces en el Congreso de la Unión tuvieron como consecuencia la legislatura más improductiva de la historia de nuestro país. Pareciera que Diputados y Senadores tienen como prioridad el insulto al contrincante que el debate analítico y concienzudo de las leyes, modificaciones y reformas.
Basta y sobra con el hecho de que sea un contrincante el que propone una ley para que se rechace sin leer. De por sí el hábito de la lectura no es propio de los legisladores, quienes tienen la obligación de leer con tiempo suficiente lo que van a discutir en las sesiones, primero de las comisiones y luego en el pleno. Muchas veces temas importantes, que ya de por sí muestran un grave rezago, se quedan congelados en las comisiones sin que pasen al pleno por decisión de la mayoría o si no quieren avanzar les basta con faltar a las sesiones y la iniciativa se queda abandonada a su suerte.
Durante los tres años de trabajo de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, la productividad en los periodos ordinarios de sesiones fue del 2.9 por ciento. A pesar de que se presentaron 10 mil 407 iniciativas, sólo 299 fueron aprobadas. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 30 de abril de 2024, se presentaron siete mil 722 iniciativas, pero solo 221 lograron ser aprobadas.
Entre los temas en el limbo legislativo se encuentra la reforma de la reducción de la jornada laboral a únicamente 40 horas y una nueva Ley de Aguas, pues quedaron sin legislarse.
La misma situación se vivió en el Senado de la República, donde, de más de dos mil 600 iniciativas presentadas, no llegó ni a 100 las que finalmente fueron aprobadas.
Entre las leyes que no se aprobaron se encuentra la obligación de los ciudadanos de proporcionar sus datos biométricos a expendedores de telefonía celular; así como la creación de una ley sobre educación indígena, que no contó con la consulta correspondiente a las comunidades involucradas; además de la legislación sobre el uso recreativo de la cannabis.
Hace mucho daño a la vida del país la sistemática negación a todo lo que se propone, para qué leen una propuesta de la que sólo se van a burlar o a combatir con botargas o cartulinas que nada tienen que ver con el tema a tratar.
La falta de compromiso con su trabajo, exige de una amonestación de la población, que les paga sus salarios, el de sus asesores y dietas adicionales a los legisladores.
Hay casos que deben ser mencionados por la mala intención de sus silencios y ausencias. Se les critica a las gobernadoras mujeres que en sus estados no haya suficientes leyes que protejan a su género, que la rigidez del castigo contra el feminicidio no sea actualizada, pero ellas representan el poder ejecutivo del estado y no pueden ni deben legislar, pero se les culpa a ellas de la negligencia de sus Congresos locales.
Otro de los ejemplos de lo absurdo que resulta haber tenido legislaturas como las que ahora padece México es el hecho de que una Senadora de la oposición pasó seis años criticando el sistema de seguridad, pero nunca fue capaz de presentar una iniciativa sobre el tema.
Esta forma de practicar una responsabilidad tan alta como la de pertenecer a las tribunas más importantes del país, exige una sanción severa y ejemplar. Porque cada legislatura es menos productiva hasta llegar a una parálisis legislativa que a nadie beneficiaría, incluso podría pensarse que esa era la idea de algunos para denominar un estado fallido.
Cuando un legislador viola la ley no pasa nada porque tiene fuero, cuando termina su periodo legislativo el delito ya prescribió y la ley no se aplica porque son privilegiados. Por si esto fuera poco, tiene el derecho a reelegirse para seguir protegiéndose de la ley.
Los artículos 65 y 66 de la Constitución Política mexicana disponen lo siguiente, les obligan a cumplir, pero se limita a fijar fechas, espacios, pero no efectividad productiva en la aprobación de leyes, donde hay cada vez más rezago.
A sólo cuatro meses de terminar la actual legislatura mantiene un rezago sin precedente de 4,647 proyectos sin dictaminar de 2018 a la fecha. Así como podemos decir que de esa fecha a nuestros días la parálisis legislativa la marcaron los grupos minoritarios en el Congreso de la Unión, podemos decir que nunca en la historia del país ha habido una oposición tan carente de propuestas. Se pasó un sexenio en el insulto dejando de lado la discusión, la exposición de las ideas políticas que identifican a cada grupo parlamentario, a grado tal que a la población le surge la duda sobre si hay oficio, voluntad o vocación política.
El artículo 65 de la Constitución ordena: “El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 1 de febrero de cada año para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias. En ambos periodos de sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución. En cada periodo de sesiones ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos que señale su ley orgánica”.
Es decir, los legisladores violan la Constitución que deben defender, actualizar y darle vida. Si no lo hacen el pueblo debe demandárselo pero no hay pueblo a la hora de castigar esta apatía que no llega a ser rebeldía, porque toda rebeldía tiene una razón de peso y esto es sólo resentimiento y odio.
