La Justicia argentina ha tomado la decisión de suspender, en el ámbito laboral, el impactante mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) presentado por el presidente Javier Milei, que entró en vigor el pasado viernes y generó una serie de reformas significativas, derogando o modificando más de 300 normativas. Esta medida se lleva a cabo tras una intensa protesta antigubernamental el 27 de diciembre, donde manifestantes se enfrentaron a la policía frente a la Suprema Corte en Buenos Aires, expresando su descontento con las reformas propuestas por el presidente.
La suspensión de los efectos laborales del DNU fue dictada por los tres jueces de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Argentina, en respuesta a un amparo presentado la semana pasada por la Confederación General del Trabajo, la principal central obrera del país. Esta decisión anula específicamente el capítulo IV del DNU, que, entre otras medidas, amplía el período de prueba de los trabajadores de tres a ocho meses, reduce el cálculo de las indemnizaciones, disminuye los períodos de licencia por embarazo, maternidad y paternidad, y limita considerablemente el derecho a la huelga y otras medidas de fuerza.
Uno de los jueces, Alejandro Sudera, expresó sus reservas sobre la “necesidad” y “urgencia” del decreto de Milei, cuestionando la adopción de numerosas medidas sin una evidencia objetiva de necesidad y señalando la falta de razones de urgencia para eludir la intervención del Poder Legislativo. Sudera destacó que varias de las normas que se intentan modificar sin la intervención del legislativo tienen una naturaleza represiva o sancionatoria, incluyendo disposiciones relacionadas con limitaciones a la huelga y la anulación de multas a empleadores que no registren debidamente a sus trabajadores.
Esta suspensión es considerada una medida provisional, pendiente de discusión sobre la validez del DNU en el Congreso. Presentado en un contexto de aguda crisis económica en Argentina, con altos niveles de inflación y pobreza, el mega decreto de Milei también abre la posibilidad de privatizar empresas públicas y deroga leyes de protección al consumidor contra aumentos abusivos de precios. La noticia refleja un fuerte enfrentamiento entre el ejecutivo y diversos sectores de la sociedad, resaltando la importancia de la discusión legislativa y el respeto a los derechos laborales en medio de la compleja situación económica del país.
