Las protestas se extienden en Argentina en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado por el presidente Javier Milei, que implica la derogación o modificación de más de 300 normativas, generando un amplio malestar entre los opositores. En diversas ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Salta y Tierra del Fuego, decenas de miles de personas se manifestaron con cacerolas, expresando su descontento por las medidas que buscan desregular la economía del país.
En declaraciones públicas, el presidente Milei defendió su decreto y acusó a los manifestantes de sufrir del síndrome de Estocolmo, alegando que están abrazados y enamorados de un modelo económico que, según él, los empobrece. Las críticas se centran en la privatización de empresas públicas, la eliminación de derechos laborales, modificaciones en el código civil y comercial, y reformas en las pautas aduaneras, entre otras medidas incluidas en el polémico decreto.
Por segunda noche consecutiva, miles de personas se congregaron frente al Congreso y en diversas ciudades del país para unirse a los cacerolazos de manera espontánea, expresando su rechazo a las decisiones gubernamentales. Videos difundidos en redes sociales mostraron cómo la policía reprimió a los manifestantes en Córdoba mediante el uso de golpes y gas lacrimógeno.
Ante la creciente tensión, la Confederación General del Trabajo convocó a una gran manifestación para el próximo miércoles, y se advierte la posibilidad de un paro nacional si el gobierno no responde a las demandas de los ciudadanos. Expertos señalan que las medidas anunciadas podrían enfrentar obstáculos en el Parlamento y la justicia, ya que algunos consideran que deberían ser implementadas a través de leyes aprobadas por el Congreso y no mediante decretos.
El ex presidente Alberto Fernández denunció la ilegalidad del decreto, calificándolo como un atropello presidencial y un abuso de poder, alertando sobre posibles efectos económicos y sociales negativos, incluyendo la privatización masiva de empresas y la desregulación en el país. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, también expresó su preocupación, señalando que el decreto plantea la privatización indiscriminada, la desregulación y la pérdida de derechos laborales, generando una situación de extrema gravedad institucional.