La Casa Blanca expresó su firme rechazo a la ley firmada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, el lunes pasado, calificándola de deshumanizante. La legislación otorga poder a la policía para detener a quienes se sospeche ingresaron irregularmente a Estados Unidos y permite a los jueces locales ordenar su expulsión. Karine Jean-Pierre, vocera de la Casa Blanca, afirmó que esta medida no mejorará la seguridad y profundamente deshumaniza a los migrantes. La nueva ley de Abbott se suma a otras políticas antimigratorias, como la colocación de alambres de púas en la frontera y boyas en el río Bravo.
Jean-Pierre enfatizó que esta legislación no refleja los valores que el país debería representar y dejó abierta la posibilidad de una acción legal, aunque no especificó si la administración de Biden presentaría una demanda contra el gobierno texano. La responsabilidad del control migratorio recae en el ámbito federal, pero la nueva ley autoriza a cualquier oficial de la ley en Texas a arrestar a personas sospechosas de ingreso irregular.
En paralelo, organizaciones defensoras de derechos civiles, más de 20 congresistas demócratas y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas han tomado medidas legales para impugnar la ley. Congresistas demócratas enviaron una carta al fiscal general, Merrick Garland, solicitando que evite la entrada en vigor de la ley en marzo próximo. Advierten que su aplicación conducirá al racismo, violaciones del debido proceso y arrestos ilegales.
ACLU de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas presentaron una demanda ante el tribunal federal de Austin, argumentando que la ley infringe la autoridad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración. Alegan que la normativa es anticonstitucional al impedir a los migrantes solicitar asilo u otras protecciones humanitarias.
En otro desarrollo, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, temporalmente impidió al gobierno de Biden retirar las alambradas colocadas por Texas en su frontera con México. Argumentaron que un juez se equivocó al dictaminar que el gobierno era inmune a una demanda texana que alegaba que la política federal de retirar las vallas era ilegal.
Mientras tanto, en Nueva York, familias migrantes y defensores marcharon exigiendo al alcalde Eric Adams que reconsidere su plan de limitar los días de estancia en albergues para migrantes recién llegados. La medida propuesta limitaría su permanencia a 60 días, generando preocupación y protestas por parte de la comunidad migrante y sus defensores.
