Presencia
- “Baluarte de Estado constitucional y democrático de derecho”
- “Hay solidez y fortaleza de instituciones y personas del PJF”
- “Justicia, no es monopolio del Judicial, sino deber del Estado”
- “Garantizados derechos laborales de sus 53 mil trabajadores”
- “Compromiso, la libertad y la igualdad de las y los mexicanos”
- 98 mil morenistas se registran para un cargo político: Delgado
- Más de 250 mil de FyCxM van por cargos públicos en el 2024
- En los gobiernos de la república, a nivel estatal y municipios
“Cuando las cosas te comienzan a salir bien es hora de que pienses que alguna vez te van a comenzar a salir mal”…
-Froylán Flores Cancela
La independencia judicial es un pilar esencial de la democracia y la protección de los derechos, es “el baluarte indispensable en un Estado constitucional y democrático de derecho”, precisó la ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación, Norma Lucía Piña Hernández, en su Primer Informe de Labores.
Ante los Plenos de La Corte, el Consejo de la Judicatura Federal; y las y los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, reconoció que el PJF ha enfrentado retos sin precedentes y la respuesta ha sido “la solidez y fortaleza, tanto de las instituciones que lo conforman, como de las personas que lo integran”.
“Estos momentos de cambio -expresó- exigen que saquemos lo mejor de nosotros mismos. No por medio de la obstinación, sino del diálogo. No por medio del sectarismo, sino de la inclusión. No por medio de las palabras, sino de los hechos. No por medio del protagonismo, sino de una participación activa y, sobre todo, colaborativa”.
La ministra Piña Hernández habló ante representantes de los otros dos poderes de la unión: la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, en representación del Presidente de la República, y Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y afirmó que “la situación que se nos presenta en el futuro inmediato no sólo pone a prueba al Poder Judicial, sino a los propios cimientos de una sociedad basada en los equilibrios democráticos y en el respeto por la ley. No podemos olvidar que la justicia no es un monopolio del Poder Judicial, es una responsabilidad de Estado que incluye la seguridad, la procuración de justicia, el desarrollo social y el combate a la desigualdad”.
Al presentar los resultados de este año de gestión, la ministra presidenta destacó que la defensa de la independencia judicial surge no sólo de quienes la viven en el ejercicio de sus funciones, sino “de quienes, con el debilitamiento de la judicatura, con la deslegitimación de nuestra función social, ven amenazada la defensa de sus derechos, de su dignidad”.
Por ello, exhortó a promover la legitimidad del PJF, que incentive el compromiso, la responsabilidad y el actuar ético de todas las personas que lo integran.
Tras de informar de la labor de la judicatura federal del 1 de diciembre de 2022 al 30 de noviembre de 2023, al que ingresaron 1 millón 493 mil 712 asuntos, al que se sumaron 531 mil 571 que ya estaban, del total se resolvió un 70%. Como parte de su primer informe, destacó la mejora en las funciones jurisdiccionales, la centralidad de los derechos humanos en la consolidación de la perspectiva de género, la comunicación social como un ejercicio de acercamiento a la ciudadanía, la gestión administrativa y la ética y rendición de cuentas.
La ministra presidenta subrayó que el PJF tiene la responsabilidad de administrar sus recursos siguiendo los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, sin poner en riesgo la función jurisdiccional.
Sin embargo, indicó que desde 2018, el presupuesto para el Poder Judicial Federal se ha reducido más de 23% en términos reales, aunado a que se tienen nuevas responsabilidades derivadas de reformas constitucionales y tratados internacionales en diversas materias, por lo que “la viabilidad de continuar sirviendo la sociedad, de ofrecerle una justicia pronta, completa e imparcial está a prueba”.
Sin embargo, exhortó a que ante este escenario las y los juzgadores sigan adelante y enfrenten “el reto que sabemos complejo con la entereza y los principios que nos guían”.
Por último, dijo a las más de 53 mil personas trabajadoras del PJF que sus derechos laborales, al igual que de todos los mexicanos, serán garantizados en términos de orden legal y constitucional que los ampara, porque son ellos, “el elemento fundamental para garantizar la justicia que México exige”.
La ministra Norma Lucía Piña reiteró su compromiso, el cual “es y seguirá siendo, tanto la defensa de la Constitución, nuestro pacto social fundamental, como la independencia del Poder Judicial, el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos”.
Comentarios a vuela pluma
Morena contabilizó casi 100 mil registros de personas que buscarán alguna candidatura por el partido. El dirigente nacional Mario Delgado dio cuenta de 98 mil 167 registros. Señaló que ya no habrá más registros para ningún proceso. Delgado Carrillo añadió que los procesos de designación de candidaturas ya concluyeron, con absoluta transparencia, para determinar el género de las candidaturas a las primeras fórmulas del Senado, tanto por Morena como por la coalición Sigamos Haciendo Historia. En tanto que suman más de 250 mil personas, mujeres y hombres, que no participarán como candidatos a ningún cargo dentro de la coalición Fuerza y Corazón por México, pero que si apuestan a que su candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, gane la presidencia de México y suplir a similar número de morenistas como servidores públicos a nivel federal, estatal y municipal, incrustados en las nóminas en los gobiernos donde despachan autoridades elegidas de los partidos morenista, ecologista y petista, por lo que que cada día crece los simpatizantes de la política oriunda de una comunidad rural hidalguense que, tras vender gelatinas de niña para ayudar en el sustento familiar, emigró a la capital de todos los mexicanos para estudiar ingeniería y formar parte de un gabinete presidencial para apoyar, desde su cargo, a la población más vulnerable de mexicanos que son la mayoría y que de lo más indispensable carecen.
