Desaparicion de autonomías, una restauración, vuelta al pasado, nada recomendable

Lenta, pero de acuerdo con las circunstancias ha sido la aparición de instituciones con la inherente categoría de autónomos, otros incorporaron esa calidad una vez ya creadas, las más inducidas por la fuerte presión social o bien por exigencias de la posición política arrancadas al gobierno en funciones, ciertamente son producto de una creciente exigencia social y de las circunstancias que las propiciaron. La creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con plena autonomía respecto del gobierno (1992), el otorgamiento de la autonomía al Banco de México, en 1994, al IFE en 1996 y algunos más cuya existencia ahora está en riesgo debido al voluntarismo autoritario devenido desde el olimpo político del país. Afortunadamente ha sido posible salvaguardar esa autonomía porque el espíritu del constituyente permanente que les dio vida les aportó la salvaguarda constitucional de la mayoría calificada en las cámaras legisladoras. Sin embargo, ese valladar es posible superarlo consiguiendo la conformación de un Congreso de “carro completo”, cosas de la democracia y de la voluntad ciudadana. Pero en tiempos de transformación nada está seguro en un régimen en el cual la voz presidencial tiene un peso específico muy considerable, al grado de poder provocar un retroceso en la vida institucional del país en caso de facturarse la pérdida de autonomía de esas entidades administrativas, o peor aún su desaparición.  Por otro lado, ¿cuál sería el calificativo más apropiado para cuando se construyen obras en cuya Genesis imperó la improvisación o la ocurrencia? Porque así parece fue el caso del afamado Tren Maya, del aeropuerto Felipe Ángeles y de la refinería en Dos Bocas con inversión de miles de millones de dólares, pero cuya baja rentabilidad de inicio orbitará sobre el presupuesto federal. ¿Cuántos años habrán de transcurrir para amortizar el capital invertido en dichas obras? Recuérdese que después de cruzar las graves crisis económica y prolongado periodo inflacionario durante el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1986), su sucesor, Salinas de Gortari decidió desincorporar del patrimonio público cientos de empresas de todo tamaño, casi todas improductivas y operaban con cargo al presupuesto, en esa inercia continuó Ernesto Zedillo cuando privatizó los ferrocarriles porque solo funcionaban mediante subsidios y con enormes pérdidas para el erario. ¿Vamos acaso en vías de reivindicar el estatismo al convertir al gobierno en propietario de empresas no rentables, pero para cuyo funcionamiento se requerirá de partidas presupuestales? No siempre todo pasado fue mejor, una restauración política implica serios riesgos, por lo que siempre será conveniente aprender de las experiencias del pasado para no repetir los mismos errores.