México tomó una decisión destacada al abstenerse en una votación histórica de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la promoción de una Convención Marco para la Cooperación Fiscal Internacional. Esta iniciativa, impulsada por la Unión Africana, busca transformar la forma en que se determinan las reglas tributarias a nivel global, desplazando el papel tradicional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La votación, que tuvo lugar el 22 de noviembre, fue considerada como un hito por diversas voces especializadas, ya que propone un cambio significativo en la toma de decisiones sobre normas tributarias globales. La Red por la Justicia Fiscal destacó que el último intento de llevar estas normas a la ONU ocurrió en la década de 1970, y el hecho de que esta propuesta haya sido respaldada por 125 países, casi dos tercios de los miembros de la ONU, es un logro notable.
La propuesta de la Unión Africana recibió un fuerte respaldo y aboga por establecer una Convención Marco para la Cooperación Fiscal Internacional, que implicaría un marco legal armonizado y vinculante para todos los miembros. También busca implementar protocolos para abordar los flujos financieros ilícitos relacionados con el pago de impuestos derivados de servicios transfronterizos en la economía digital.
Resulta sorprendente que México se haya abstenido en esta votación, especialmente considerando que la canciller mexicana, Alicia Bárcena, había expresado su apoyo a esta iniciativa en la propia ONU semanas antes. La decisión de abstenerse ha generado preguntas sobre la posición de México en relación con esta propuesta progresista.
Expertos señalan que esta votación marca un cambio significativo, ya que los países fuera de la OCDE buscan tener una voz más significativa en las normas tributarias globales, algo que históricamente se les ha negado. La Convención propuesta por la Unión Africana permitiría un proceso de negociación abierto, inclusivo y equitativo para todos los países miembros de la ONU, en comparación con la OCDE, donde menos de 40 países tienen poder de decisión.
Alex Cobham, director ejecutivo de la Red por la Justicia Fiscal, celebró la votación como una “victoria histórica” lograda por los países del Sur global, destacando que los paraísos fiscales y los grupos corporativos han tenido demasiada influencia en la OCDE durante mucho tiempo.
La posición de México en esta votación, especialmente al respaldar una enmienda regresiva promovida por el Reino Unido para eliminar la palabra “convención” del proyecto, ha interrogantes sobre su alineación y compromiso con procesos alternativos a la OCDE. En medio de las presiones y la influencia de la OCDE, México parece haber optado por una posición más cautelosa en esta iniciativa progresista de la ONU.
