ALMA GRANDE
El espionaje es un delito catalogado como atentado a los derechos humanos cualquiera que sea su origen. También es un atentado a la democracia y a la dignidad de los gobiernos que se dicen democráticos, sobre todo aquellos que aseguran que no espían como es el caso de la actual administración pública de México.
El periódico conservador The New York Times, responsabiliza a la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, de espiar a varios políticos de la oposición.
En dicho reportaje con datos proporcionados por miembros de la oposición se señala que, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió terminar con los espionajes, tienen registros recientes de que sí ocurrió.
Esto fue revelado en un reportaje llamado, “En México, órdenes de vigilancia que parecen una lista de poder político”. Así se señala, a por lo menos, 4 políticos de la oposición, sin embargo, tal como destaca The New York Times, fueron más y también a funcionarios de Morena.
En el reportaje, se responsabiliza a Ernestina Godoy, mediante órdenes de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, que ella encabeza, de espiar a Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez; Lilly Téllez, senadora; Ricardo Amezcua, integrante del Consejo Judicial de la CDMX y ex asesor del alcalde de Benito Juárez; a Alessandra Rojo de la Vega, ex congresista acusada de delitos electorales.
En estos casos existen órdenes de jueces para intervenir teléfonos, ya que existen procesos judiciales en su contra y están en investigación, por diferentes motivos. Que van desde recibir dinero para autorizar más pisos y características especiales a cambio de moches en efectivo y a cambio de departamentos.
En el reportaje también hacen mención de 3 alcaldes de la CDMX, ahí se señala que, de acuerdo con las órdenes giradas por la fiscalía de la capital para acceder a registros telefónicos, mensajes y ubicación de estos políticos, desde 2021 hasta inicios de 2023.
Esto bajo la imputación de estar relacionados con secuestros y desapariciones, confirmado por un juez federal que no identificó pero aseguró la solicitud de estos registros.
Según The New York Times, los fiscales, en este caso Ernestina Godoy, pueden inventar investigaciones con el fin de obtener datos, catalogando que el espionaje es un abuso de autoridad. Porque además fueron investigados a través de estos mismos medios, Dolores Higareda, funcionaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Horacio Duarte, secretario de Gobierno del Estado de México, entre otros.
Según la fiscalía no existen carpetas de investigación que señalen la solicitud de estos registros, ya que la fiscalía actúa en estricto apego a la ley, sin violentar la normatividad ni los derechos personales.
Algunos de los antes mencionados tienen acusaciones y es a partir de la autorización de un juez como se justifican algunas de las graves intromisiones a la privacidad. Hay quienes tienen serias acusaciones de pertenecer al cártel inmobiliario como Santiago Taboada y Lilly Téllez; sin embargo, no se explica cómo pueden espiar incluso a compañeros de su propio partido político.
Por su parte, el alcalde con licencia en Benito Juárez, Santiago Taboada, aseguró que con la publicación del reportaje del diario The New York Times “se comprueba la persecución política” de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en su contra, como lo denunció en mayo pasado.
Ante esta situación la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México agregó que todas las solicitudes de información realizadas a instancias telefónicas son «en estricto apego a la ley» y sin «violentar los derechos a las personas». Agregó que la documentación presentada por la NYT es falsa y que se hará una investigación a fondo para conocer el supuesto origen de los documentos.
Es decir, si se espía a políticos, es que se cuenta con una red cuya punta de lanza es la Fiscalía de la Ciudad de México, con nexos hacia otros espacios de la administración púbica. Aquí apreciamos que no se salvan los legisladores a pesar del fuero, ni los miembros del poder judicial, ni los alcaldes, ni la población, porque hay pruebas que muestran claramente que hay espionaje desde diferentes instancias, principalmente contra periodistas.
Desde el inicio del actual sexenio se contrató a una serie de empresas descentralizadas que brindan aparentemente servicios de protección a edificios y personas como es el Servicio Federal de Protección, cuyo primer dirigente fue nada menos que el ex líder nacional del PAN, Manuel Espino, quien fue premiado por el presidente López Obrador por salirse del PAN y unirse a Morena y seguramente revelar algunos de los asuntos de interés para el gobierno.
En esta administración los objetivos de dicha empresa descentralizada cambiaron y ampliaron sus funciones que pasaron de cuidar únicamente edificios, a convertirse en escoltas de funcionarios, jueces, ministros, líderes defensores de derechos humanos, periodistas, etc.
Así se define esta empresa: “El SPF es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que tiene a su cargo la prestación de servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a los órganos de carácter federal de los Poderes Legislativo y Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y demás instituciones públicas que así lo soliciten”.
Así, una de las instancias que contrató la Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración de Segob, para ofrecer sus servicios al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que sus elementos de seguridad pasaran de ser guardias de edificios, de la noche a la mañana, a guardaespaldas de las personas que logran ser protegidos por este mecanismo, cuya eficiencia deja mucho que desear, ya que su labor debe ser preventiva y no reactiva, porque los asesinatos de comunicadores continúan, principalmente en Veracruz, donde la impunidad está garantizada para los homicidas, y el Mecanismo, en su afán por mantener la austeridad republicana, colocan pretextos a periodistas para arrebatarles el servicio, junto con la vida.
Desde que encabezaba la subsecretaría Alejandro Encinas y ahora con Félix Arturo Padilla, la consigna es quitarle gente a la plantilla de protegidos por el Mecanismo, a pesar de que fueron dados de alta porque sus vidas corrían peligro.
Lo que no hay es justicia para quienes han dado su vida entera en el ejercicio de la comunicación, para que al final de su vida deban recurrir a amparos para ser protegidos, contratar abogados para que puedan rescatar los derechos que garantizan su integridad y por si fuera poco ser espiados por los propios escoltas que la Segob contrata para definir si se trata de una persona vulnerable.
Todo periodista en el mundo entero, y más aún en este momento, requiere de especial cuidado de quienes ejercen el poder, porque los comunicadores son los pilares de una democracia que no puede caer ante el descuido de sus personas prefiriendo el ahorro de unos pesos en su protección.
Pero aquí no finaliza la tarea del Servicio de Protección Federal, apenas empieza porque utilizan el servicio de custodia de los escoltas para enterarse de la vida privada no sólo de periodistas, sino de jueces, ministros, líderes defensores de derechos humanos, como ocurriera en los peores tiempos de la guerra fría, convirtiendo a la víctima de persecución en sujeto de escrutinio e investigación de parte del gobierno.
De esto sí hay pruebas y no se trata de nadie que esté sujeto a investigación sino que se trata de profesionales que ejercen libremente el periodismo y esa es la razón de su acoso de parte de diferentes instancias incluyendo gobiernos municipales, estatales y federales.
Los comunicadores deben ampararse para continuar con la protección de un Mecanismo, cuya Junta de Gobierno, encabezada por Enrique Irazoque, lo que quiere es disminuir la lista de protegidos para demostrar su eficacia ahorrando dinero, cuando en realidad donde debe mostrar que es capaz para ese cargo es ahorrando vidas de los periodistas que siguen muriendo violentamente a lo largo y ancho de todo el país.
Lo servicios de espionaje que ofrecen a sus jefes los escoltas del Mecanismo tienen diferentes objetivos, entre ellos quitarle el derecho de ser protegido para preservar su integridad, pero su labor no termina con quitarle el servicio sino saber fuentes, amistades, lugares que visita para realizar su trabajo profesional.
De este tipo de prácticas está lleno el servicio que tiene la apariencia de proteger a la sociedad a través del cuidado que deben tener los periodistas, pero es en ellos donde se centra la labor de espionaje.
El espionaje en esta administración es tarea de todos los días, en lugar de cuidar de los verdaderos peligros que acechan a los periodistas, hace de los periodistas sus enemigos, lo que convierte la supuesta protección que todo Estado debe realizar con sus ciudadanos, en un atentado contra la integridad, porque el gobierno espía a los que considera sus enemigos; sin embargo, los periodistas no pueden ser declarados contrincantes por el simple hecho de decir la verdad.
La intolerancia se vuelve delito y atentado contra los derechos humanos en este ejercicio que debería erradicarse definitivamente de las prácticas ilícitas de un gobierno que dice defender los derechos de sus ciudadanos.
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