Al transcurrir el penúltimo año de un gobierno ya están dadas las condiciones para realizar las evaluaciones de rigor, muy necesarias para la transparencia y la rendición de cuentas. Para el cumplimiento de esta tarea el marco normativo vigente permite amplia libertad, cual corresponde a toda democracia. El ejercicio es útil cuando se pretende conocer el resultado de la administración del recurso público ejercido por el gobernante, más aún si el análisis no se acompaña con antagonismo político y la confronta no se orienta a llevar agua al molino de quien evalúa. No es esa la motivación de este balance relativo al gobierno estatal veracruzano y contrastar lo originalmente ofrecido con lo alcanzado durante la gestión. Por razones de espacio, por ahora apuntamos solo temas relativos a dos de las funciones fundamentales de todo gobierno: los servicios de salud y lo relativo a la seguridad pública. Ya habrá oportunidad de abordar la comparación entre los miles de millones de pesos dispuestos para su administración productiva y el resultado de su aplicación, es decir, el costo-beneficio de las acciones de gobierno. He aquí una apretada síntesis:
Al quinto año de la gestión gubernamental veracruzana correspondiente al periodo 2018- 2024, en materia de Salud la entidad ocupa el primer lugar nacional en cáncer de mama, con una tasa de mortalidad de 18 por cada 100 mil mujeres; es segundo lugar en cáncer de próstata; tercer lugar en cáncer cervicouterino, solo después de Jalisco y la CDMX; tercer lugar en dengue. En SIDA es cuarto lugar, (la zona conurbada Veracruz- Boca del Rio es primer lugar, Coatzacoalcos segundo, Xalapa en tercero, Poza Rica en cuarto, y Córdoba en quinto). Estamos en el quinto lugar en obesidad y sexto lugar en influenza. Para acabarla, también en muertes por diabetes figuramos en primer lugar con 127 por cada 100 mil, aunque en 2021 había sido de 157 solo superado por Puebla con 158. En muertos por tumores malignos figuramos en tercer lugar, por debajo de la CDMX. Ese esquema refleja una administración de los servicios de salud con resultados nada apetecibles en una entidad donde la mayor parte de su población carece de acceso a la Seguridad Social.
Otro expediente de primordial importancia es el de la Seguridad Pública, allí también los números no acompañan al optimismo, pues figuramos en segundo lugar en feminicidios, y según INEGI ocupamos el cuarto lugar nacional en tasa de defunciones del país: 738 por cada 100 mil personas, la CDMX tiene 890 por cada 100 mil personas; Morelos 794 y Colima 777. Los prestadores de servicios turísticos tienen permanentemente puesta la atención en lo complicado que resulta transitar por la vía México-Puebla- Veracruz en el tramo La Esperanza a Cumbres de Maltrata- Orizaba y Córdoba, una de las más peligrosas del país; no se queda atrás el tránsito de La Tinaja a Coatzacoalcos. Ya lo había anticipado el sacerdote Alejandro Solalinde (antaño muy activo defensor de los derechos humanos de los migrantes y extrañamente silencioso en la actual crisis humanitaria que vive la ola migrante más elevada y dramática de todos los tiempos en el país), al denunciar que Veracruz era una inmensa fosa clandestina, y tal condición persiste con mayor acento porque el número de desapariciones no ha menguado en la entidad. La extorsión, el cobro de piso, y por si no bastara el inexplicable maridaje con las compañías propietarias de grúas permiten la dramática percepción de que en materia de inseguridad no avanzamos para bien. Esta sintetizada enumeración no da pie para el optimismo, para imaginar que hemos dado un paso hacia adelante; he allí el drama de los pueblos, siempre esperanzados en que el siguiente será mejor.
