ALMA GRANDE
La democracia es el poder del pueblo, y México tiene como depositarios del poder a tres instancias, pero una de ellas no es democrática y, por lo tanto, no puede ni debe considerarse un poder. A menos que se quiera pensar que no es democrático nuestro sistema político.
Porque el Poder Ejecutivo es avalado por el pueblo que elige a su representante a través de los votos, lo mismo sucede con el Poder Legislativo, pero el Poder Judicial, pareciera una apartada oficina dedicada a administrar la justicia a modo.
Anteriormente la poca legitimidad del Poder Judicial no se advertía, porque era el Presidente de la República quien tenía controlados todos los poderes desde su silla presidencial. Todos obedecían y éste a cambio les otorgaba beneficios, privilegios y favores a los integrantes de esos dos poderes.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia eran fieles siervos del Presidente en turno, y fallaban de acuerdo a los designios del Presidente. No había conflicto entre poderes ni diferencias. Los hilos del poder los manejaba el Ejecutivo, contraviniendo a la propia Constitución Mexicana que exige autonomía de poderes.
Debió surgir una serie de diferencias respecto a las acciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia para que se advirtiera en el Ejecutivo que hay separación de poderes en México y, hasta enemistad.
Lo cierto es que no existen las formas adecuadas para que el pueblo elija a los jueces y ministros. Para nombrar a los ministros de la Corte, el Presidente de la República somete al Legislativo una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante.
El próximo año habrá tres vacantes en la Suprema Corte de Justicia, y la designación deberá empezar a transformarse, así como la exigencia de la población a intervenir más en la vida política de México.
La descomposición del Poder Judicial no es nueva, las anomalías que suceden al interior debería avergonzar a varios, desde luego no todos los ministros son iguales y hay excepciones honrosas y muy plausibles, pero carecen de representación, de tal suerte que si cometemos su actuación a la lógica, ministro y jueces no pueden tener ningún valor dentro de una democracia; sin embargo, pueden tener al país entero en vilo respecto a la aprobación de denuncias, amparos y demandas, como lo ha demostrado.
Debe haber equilibrio de poderes dentro de las leyes, que es el marco en el que deben trabajar todos y cada uno de los integrantes de la burocracia nacional. Ante este equilibrio debe haber igualdad para que cada quien gane de acuerdo con sus responsabilidades, pero hay tareas que han desbordado la dignidad, la lógica y el presupuesto, y ese exceso se ubica precisamente en el Poder Judicial.
Esto quiere decir que en México el ejercicio de la justicia es una injusticia y que no podrá haber igualdad si no hay equidad en los órganos de gobierno que rige la Constitución. Para reformar estas condiciones se requiere de dos terceras partes del Congreso, tanto en la Cámara de diputados como la de Senadores; sin embargo, con una oposición que se niega a negociar y que toma las banderas del no sistemático a toda propuesta del gobierno, difícilmente podrá haber mayor acercamiento a lo que sería una democracia moderna.
La oposición no sólo defiende los privilegios de los ministros de la Suprema Corte, sino que está de acuerdo con un incremento en su presupuesto para 2024 de 4 por ciento, que exigen el Poder Judicial.
Los ministros de la Corte tienen un salario de 297 mil pesos mensuales, un aguinaldo de 40 días, una prima vacacional por 95 mil pesos, entre otras muchas absurdas prestaciones que nadie tiene fuera del Poder Judicial. Los consentidos del presupuesto reciben estos estímulos a cambio de que se sometan a la voluntad del Presidente, pero ahora no sólo hay división de poderes sino enemistades de poderes, es hora de que dichas condiciones cambien.
No se trata de una lucha entre pobres y ricos, sino en la manera de pensar en los demás. Porque los salarios de los ministros y sus privilegios provienen del dinero de los contribuyentes, de eso no hay duda y la mayoría de los mexicanos no pueden seguir manteniendo lujos y excesos a costa del sudor de su frente, mientras viven confortablemente bajo la toga y el birrete unos cuantos.
Si a esto sumamos el hecho de que nadie votó por ellos, nos encontramos con una injusticia mayor porque quienes mantienen a los ministros no fueron consultados para elegirlos; es decir, solamente les chupan la sangre, pero no los representan, y en el peor de los casos se trata de que los contribuyentes cautivos, los asalariados nunca recurren a la Suprema Corte de Justicia, instancia que le es inalcanzable por razones económicas.
La situación del Poder Judicial es un grave obstáculo para la evolución del país.
PEGA Y CORRE.
El senador Ricardo Monreal declino concursar por la candidatura de Morena para la Jefatura de gobierno porque asegura que la decisión ya está tomada y no quiere tener confrontaciones con nadie…