En una resolución histórica, los ecuatorianos han expresado mayoritariamente su voluntad en una consulta popular para clausurar un campo petrolífero en una región de alta biodiversidad en la Amazonía y para prohibir la minería en todos sus niveles en el Chocó Andino, un bosque tropical en los alrededores de la capital.
Durante las elecciones del domingo, en las que se convocaron a un total de 13.45 millones de electores, el 58.99% de los ecuatorianos, es decir, seis de cada 10, votaron a favor de la pregunta: “¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?”.
Esta decisión implica que en el transcurso de un año, el gobierno de Ecuador debe desmantelar la infraestructura petrolera que ha estado extrayendo crudo durante una década en una zona del Parque Nacional Yasuní, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1989.
Esta área, conocida como Yasuní ITT, se encuentra en una parte específica de la selva amazónica ecuatoriana y es considerada por científicos como una de las más diversas del mundo, fundamental para la conservación del medio ambiente, la generación de agua y la regulación del clima.
Con aproximadamente un millón de hectáreas, alberga 610 especies de aves, 139 de anfibios y 121 de reptiles. Además, tres especies son endémicas de la región. El Parque Nacional Yasuní también es hogar de dos comunidades indígenas aisladas, los Tagaeri y los Taromenani.
Curiosamente, en las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos, se registró un resultado contrario (“no”) en la consulta popular, en apoyo a la extracción de petróleo en Yasuní.
El campo en cuestión produce diariamente 57,466 barriles de crudo, lo que generó, según cálculos oficiales, ganancias netas de $1,200 millones de dólares el año pasado para las arcas fiscales. Ecuador produce alrededor de medio millón de barriles de petróleo diariamente.
La desinstalación de estas instalaciones requerirá aproximadamente $467 millones de dólares, según estimaciones de técnicos de la empresa estatal Petroecuador.
En otra consulta popular, se planteó la prohibición de la minería de pequeña, mediana y gran escala en el Chocó Andino. En esta votación, el 68% de los votantes de la capital y sus alrededores se pronunciaron en contra de la actividad minera en los bosques andinos cercanos a Quito.
Estos resultados han sido considerados un “hito histórico” por activistas ecológicos, reflejando un consenso nacional en favor del medio ambiente.
