El gigante inmobiliario chino Evergrande ha presentado una declaración de bancarrota en Estados Unidos, buscando protección bajo el capítulo 15 del código de bancarrota estadounidense. Esta disposición legal permite a las empresas extranjeras en proceso de reestructuración suspender los pagos de sus deudas internacionales en los Estados Unidos. Según fuentes del periódico chino Caijing citando medios estadounidenses, Evergrande ha tomado esta medida para enfrentar su seria crisis financiera y prevenir el embargo de sus activos.
La solicitud de bancarrota se ha realizado en un tribunal de Nueva York, donde Evergrande posee una filial llamada Tianji Holdings, que también ha buscado la protección del capítulo 15. Esta inmobiliaria ha estado negociando durante meses con sus acreedores para desarrollar un plan de reestructuración que le permita superar sus dificultades financieras.
La compañía tiene programada una reunión con sus deudores los días 23 y 24 de agosto, en la que se discutirá y votará sobre el plan de reestructuración propuesto para sus deudas offshore que suman aproximadamente 20,000 millones de dólares.
En términos de rendimiento financiero, Evergrande ha informado pérdidas netas considerables. Registró pérdidas netas atribuidas de 476,035 millones de yuanes (66,409 millones de dólares) en 2021 y 105,914 millones de yuanes (14,775 millones de dólares) en 2022. Su facturación también ha disminuido significativamente en los últimos años, con una caída del 8% en 2022 en comparación con 2021 y una disminución del 55% en relación con 2020.
Evergrande, cuya cotización en la Bolsa de Hong Kong ha estado congelada desde marzo de 2022, reveló la necesidad de obtener financiamiento adicional por un valor de hasta 300,000 millones de yuanes (41,840 millones de dólares) para cumplir con la entrega de propiedades ya vendidas sobre plano y cumplir con los requerimientos del Gobierno chino.
La posición financiera de varias inmobiliarias chinas, incluyendo Evergrande, se deterioró tras las restricciones impuestas por el gobierno en agosto de 2020, limitando el acceso a la financiación bancaria para empresas que habían acumulado altos niveles de deuda como parte de sus estrategias de crecimiento basadas en apalancamiento.
