Desde la Oficina de Representación del Gobierno de Veracruz en la Ciudad de México, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, han reiterado su denuncia sobre la corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación, específicamente señalando a jueces que liberan a delincuentes.
Referenciando las noticias acerca del hallazgo de 13 cuerpos sin vida en Poza Rica, el gobernador declaró que los medios de comunicación solo exponen el trágico suceso, pero ocultan el contexto previo. Mencionó que se ha hablado muy poco sobre la reciente absolución de 44 procesados por diversos delitos en menos de una semana, incluyendo 21 homicidas, pederastas y secuestradores.
“Nosotros ponemos a los delincuentes en la cárcel y ellos los liberan”, enfatizó el gobernador, subrayando la disparidad entre los esfuerzos de la autoridad en mantener la seguridad y las acciones irresponsables de los jueces federales. A pesar de que esta situación se ha discutido a nivel local, no ha ganado suficiente atención a nivel nacional.
El mandatario señaló que, pese a la captura de seis presuntos responsables relacionados con los cuerpos encontrados en Poza Rica y la intensificación de los operativos de seguridad en la región, es preocupante que otros asesinos previamente encarcelados estén nuevamente en libertad gracias a decisiones judiciales. Apuntó hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación por “avalar liberaciones por consigna”, afectando gravemente a la sociedad veracruzana.
En referencia a la actuación del Poder Judicial de Veracruz, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia manifestó que siempre han garantizado el cumplimiento de la ley y las determinaciones emitidas por las autoridades federales. No obstante, esta vez hubo discrepancia con las decisiones judiciales que parecen otorgar amparos sin analizar debidamente las pruebas presentadas, dejando en situación de vulnerabilidad a la sociedad.
La preocupación se centró en la concesión excesiva de suspensiones provisionales contra la prisión preventiva justificada, que es considerada como una medida adecuada para mantener el orden público y no violatoria de los derechos humanos. La magistrada enfatizó la importancia de un juez que tome decisiones con perspectiva social, no solo basadas en el conocimiento jurídico.
Por último, el gobernador García Jiménez compartió la opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de que el Poder Judicial de la Federación está dañando irreparablemente a los mexicanos y que no parece tener solución. “Hoy lo sostengo con hechos”, afirmó el gobernador, llamando a los ministros de la Suprema Corte a dejar de proteger a los jueces federales involucrados en estas prácticas.
