La situación legal del expresidente Donald Trump (2017-2021) se complica cada vez más, ya que enfrenta un total de 91 cargos en cuatro casos penales diferentes, mientras simultáneamente busca la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024.
Estados Unidos se encuentra ante una circunstancia sin precedentes, con innumerables incógnitas sobre las posibles consecuencias para Trump a raíz de estas acusaciones.
El pasado lunes por la noche, se anunciaron 13 nuevos cargos en Georgia después de que un gran jurado lo acusara de intentar manipular los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado, donde Joe Biden ganó por un estrecho margen.
En el caso de Georgia, la fiscal Fani Willis ha aplicado la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), una ley especial contra el crimen organizado que previamente se ha utilizado para condenar a líderes mafiosos como John Gotti. Willis ha utilizado esta ley para unificar los delitos cometidos por Trump y sus colaboradores, presentándolos como parte de una única narrativa en la que el expresidente emerge como líder de una organización criminal con la intención de revertir los resultados electorales en Georgia.
De los 13 cargos estatales que se le imputan en Georgia, solo uno está relacionado con la ley RICO, pero podría ser uno de los más graves, con una pena máxima de hasta 20 años de prisión. Los otros delitos están relacionados con conspiración para falsificar documentos o presionar a funcionarios públicos para anular los resultados electorales.
Además de Trump, el gran jurado ha presentado cargos penales contra 18 de sus asesores más cercanos, incluyendo a Rudy Giuliani, su exabogado personal y exalcalde de Nueva York, así como a Mark Meadows, su exjefe de gabinete.
Otro caso importante se encuentra en el Distrito de Columbia, donde un gran jurado federal ha presentado cuatro cargos contra Trump por intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 y por instigar el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores. Estos cargos podrían conllevar una pena máxima total de 55 años de prisión.
En Miami, Florida, un gran jurado federal ha imputado a Trump de 40 delitos federales relacionados con el manejo indebido de material clasificado después de abandonar el cargo en 2021. Se alega que trasladó documentos clasificados a su residencia en Mar-a-Lago de manera insegura, lo que podría conllevar graves consecuencias.
En Nueva York, un gran jurado presentó cargos contra Trump en marzo de este año por supuestamente haber pagado 130,000 dólares para mantener en secreto una relación sexual con la actriz porno Stormy Daniels. Trump enfrenta 34 cargos estatales por falsificación de documentos mercantiles, cada uno de los cuales podría llevar a una pena máxima de cuatro años de prisión.
El juicio por uno de los casos en Florida está programado para el 24 de marzo del próximo año, coincidiendo con las primarias del Partido Republicano y a pocos meses de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.
En medio de estas acusaciones, Trump mantiene su posición de que se trata de motivaciones políticas para perjudicar su regreso a la Casa Blanca. Mientras se presenta como defensor de sus seguidores y utiliza estos litigios para recaudar fondos para su campaña, sus abogados intentan dilatar los procesos judiciales lo máximo posible.
