Las autoridades del estado de Veracruz han expresado su condena ante la emisión de amparos por parte del Poder Judicial de la Federación (PFJ) que resultan en la liberación de presuntos delincuentes, específicamente en el caso de la jueza Angélica Sánchez.
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la fiscal general Verónica Hernández Giadáns, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Margarita Corro Mendoza, y la presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, se han reunido en una conferencia de prensa el 10 de agosto para expresar su postura al respecto.
Según estos funcionarios, el Poder Judicial de la Federación ha tergiversado el concepto de prisión preventiva oficiosa al liberar a la jueza Angélica Sánchez y al exfiscal general de Veracruz, Jorge Winckler.
En las últimas dos semanas, se ha observado la liberación de 33 presuntos delincuentes, incluyendo a la jueza Angélica Sánchez Hernández, por decisión de la jueza Decimoquinta de Distrito en Veracruz.
El gobernador Cuitláhuac García expresó su desaprobación y denuncia hacia la liberación de delincuentes que han infringido los derechos de las víctimas. Afirmó que los jueces federales han optado por proteger a los delincuentes, ignorando el dolor de las familias de las víctimas y argumentando de manera jurídica que pasa por alto las bases del Derecho.
La fiscal Verónica Hernández Giadáns se manifestó preocupada por los criterios que los jueces y magistrados federales están utilizando al conceder suspensiones y cambiar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, lo que resulta en la libertad de imputados responsables de delitos graves.
Acorde con la titular de la fiscalía general de Veracruz, el Poder Judicial de la Federación está impidiendo la aplicación de la prisión preventiva justificada en lugar de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.
La presidenta del Poder Judicial, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, también condenó la actuación de los jueces federales y señaló la falta de consideración hacia las víctimas, quienes son las más afectadas por estas liberaciones.
La diputada local y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Margarita Corro Mendoza, destacó que, aunque estas decisiones indignan y ofenden a las autoridades y a las víctimas, los jueces federales deberían sentir vergüenza por tales resoluciones. Afirmó que su compromiso es con la democracia y el pueblo veracruzano hasta el final de su mandato.
