Sin duda, fue un golpe maestro la negociación que hizo el gobierno federal con la empresa española Iberdrola, que al amparo de los gobiernos priístas y panistas, había crecido de manera inconmensurable. A partir de 1999 iniciaron los primeros contratos que se consolidaron durante el gobierno de Fox y luego con Calderón, donde la empresa española llegó al grado de lograr un elevado porcentaje en la generación eléctrica en el país.
Se otorgaron grandes beneficios a esa empresa española, al grado que recibía subsidios de parte del gobierno federal y enormes contratos. Tan fue así, que en sus filas reclutó sin pudor alguno a Virginia Kessel, que había sido secretaría de Energía y también al mismo Felipe Calderón que le brindaron una asesoría.
Es decir, llegaron a niveles de acuerdo al margen de toda moralidad, al mismo tiempo que la CFE estaba siendo desplazada totalmente de la generación y distribución de la energía eléctrica.
Sin consideramos que la electricidad es un elemento fundamental en la parte estratégica de una nación, México estaba perdiendo esa valiosa herramienta que tiene que ver con su misma soberanía. Bajo el amparo de gobiernos neoliberales, nuestra nación avanzaba hacia terrenos muy peligrosos de ausencia de viabilidad hacia el futuro.
De hecho, las negociaciones que llevaron al gobierno de AMLO para la compra de 13 plantas de Iberdrola, fue resultado de una negociación que tardó cerca de dos años. Fue, indudablemente una inteligente jugada de Ajedrez, donde el propio Ignacio Sánchez, presidente de Iberdrola, reconoció que todo país tiene sus propios intereses y soberanía, mientras que su empresa tiene que ver con el beneficio a sus accionistas.
Con ello, ahora CFE tendrá el control del 55 por ciento en el mercado eléctrico, luego de estar en un 39 por ciento. Se estima que a fines de este sexenio, la generación llegue a un 65 y 70 por ciento, con lo que se revertirá notablemente el control a favor del Estado.
Sí las cosas hubiesen seguido el mismo curso que habían aplicado los tecnócratas, lo más seguro era que la CFE se hubiese extinguido y, entonces, las empresas privadas, principalmente extranjeras, serían las que tomarían las decisiones de las tarifas eléctricas.
Prueba de ello es que cuando las privadas dominaban el mercado eléctrico, se puede visualizar muy bien situaciones tan graves como las que se vivió hace cerca de 2 dos años en EU, donde la población se quedó a merced de las empresas eléctricas privadas que impusieron sus tarifas y propiciaron una verdadera problemática en su población, conjuntado con un siniestro natural.
Paralelamente se observa cómo Iberdrola ha dominado al mercado europeo, donde ahora los españoles están apanicados ante las crecientes tarifas eléctricas, al grado que tenían que hacer labores domésticas en horas que no fuese de alta demanda.
Era de esperarse, de acuerdo a estas circunstancias, que ni el mismo gobierno español tenía la capacidad de someter a esta empresa.
Es de imaginarse lo que hubiese ocurrido en México sí hubiese seguido la tendencia de entregar el mercado eléctrico a tales empresas privadas, principalmente a Iberdrola.
Quedó demostrado plenamente los elevados niveles de codicia y la connivencia que existía entre los gobernantes, de corte tecnócrata y los empresarios, donde los intereses del pueblo quedaban en el último lugar y con ausencia total de un poco de conciencia social.
LA PARADOJA
Es paradójico, pero la Reforma Eléctrica que se había propuesta y cuyo propósito era que el gobierno se quedase con el 54 por ciento y los privados con el 46 por ciento, fue desechada y no se aceptó la propuesta. Es evidente que esa mala decisión de los prianistas, principalmente, se convirtió en un boomerang. Les hubiese convenido aceptar esa reforma que finalmente les hubiese beneficiado.
Ahora los resultados serán diferentes. Los privados acaso podrán quedarse con el 30 por ciento de la generación eléctrica a fines de este sexenio, pero es factible que con el paso del tiempo pueda crecer la presencia del Estado, que finalmente son los representantes de los intereses del pueblo.
Se trata, como bien se dijo, de una nueva nacionalización. Se recuperan bienes para el Estado y se sepulta el fenómeno privatizador que tanto había afectado al pueblo mexicano. Lo contrario, sólo beneficia a unos cuantos y perjudica sensiblemente a las grandes mayorías.
¡Y hasta la próxima!.
