Opinión
La presente semana sin lugar a dudas es histórica para nuestra nación, no solamente por la forma en que gran parte de la sociedad civil organizada con su presencia el pasado domingo 26, en las principales calles de la Ciudad de México y de otras aproximadamente cien ciudades del país, envió al gobierno en turno el importante mensaje de no estar de acuerdo con sus intenciones de destruir la democracia que vivimos los mexicanos.
También debe considerarse histórica, porque durante esta inicia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el análisis del llamado Plan B, que es lo que quedo de la reforma electoral que Andrés Manuel diseño y envió al Congreso de la Unión, como una especie de venganza para destruir al Instituto Nacional Electoral (INE), después del fracaso que sufrió su citada reforma con todo y el apoyo de sus empleados incondicionales que tiene en la Cámara de Diputados. Y que da la oportunidad a los actuales ministros de la SCJN, de demostrar en México, aún funciona la división de poderes.
Situación por donde se le quiera analizar, nada fácil, ya que las presiones que se deben estar haciendo desde el Palacio Nacional a los ministros que integran este Poder de nuestro país, como se conoce, no solamente deben ser de que cumplan con su deber en forma ética y profesional, sino también lamentablemente serán de todo tipo, como lo acostumbra hacer a quién desea presionar o coartar en sus acciones la mal llamada cuarta transformación.
Como es del conocimiento de quienes se preocupan por el bien y futuro de México, desde que se dio a conocer el llamado Plan B, tanto los especialistas en materia constitucional, electoral y los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que sí fueron a la escuela, lo calificaron de inconstitucional, entre estos Ricardo Monreal Ávila, por la serie de barbaridades que contiene. Otras de las cuestiones que se le imputan al Plan B, es solamente la intención de destruir la estructura electoral con que cuenta el INE, con el objetivo de que la elección del 2024 se tenga que anular, ya que Andrés Manuel y sus principales corifeos, se han dado cuenta que ya no estamos en el 2018 y también que pueden perder. Acción que justifican con la gran mentira de abaratar las elecciones, mientras en las obras emblemáticas de la 4T, hay despilfarros de miles de millones de dólares.
Es por lo citado, que los ministros de la SCJN, tienen un trabajo jurídicamente importante y difícil políticamente de hacer, y que ahora son ellos, quiénes tienen en sus manos el futuro de la democracia mexicana y por tanto el futuro de esta increíble Nación. Seguramente resolverán positivamente para México y los mexicanos. Usted qué OPINA, estimado lector. Hasta el viernes.
