Prosa aprisa
Mmmm… La burra no era arisca, los palos la hicieron.
En pleno escándalo por la entrega de contratos por 100 millones 902 mil pesos a una “prestanombres” (según el gobernador Cuitláhuac García Jiménez), al menos desde hace una semana el sitio web del Padrón Estatal de Proveedores de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) no funciona. Tampoco aparece la página de Transparencia de la Secretaría de Salud.
Lo de la Sefiplan lo confirmó el reportero Jair García, de la agencia informativa Imagen del Golfo, quien además publicó una imagen de la página web, que muestra que no hay información disponible.
Dijo que se percató de ello cuando quiso consultar si Araly Rodríguez Vez, la empleada de la SEV a la que le otorgaron los contratos, continúa con un registro vigente o desde cuándo fue dada de alta.
Narró que hace una semana, cuando hizo una consulta al padrón, no avanzó. “Al poner el nombre de Araly Rodríguez Vez o su número de padrón, el 82304, e incluso su Registro Federal de Contribuyentes, el portal no permite avanzar. Ni siquiera marca error o información no encontrada”.
Agregó que algunos proveedores que se dieron de alta o realizaron alguna modificación informaron que en enero pasado el sitio funcionaba con normalidad.
Esa misma agencia, a cuyo consorcio pertenecen los diarios Imagen de Veracruz y Diario del Istmo, de Coatzacoalcos, publicó el martes que “trascendió” que Araly es pariente de Ulises Rodríguez Landa, jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, “quien, a su vez, es muy cercano a Eleazar Guerrero Pérez, el subsecretario de Finanzas y Administración”.
El director de Excelsior también menciona nombres
Coincidentemente ayer el director editorial del diario Excelsior, Pascal Beltrán del Río, en su columna “Bitácora del director” mencionó que “… detrás de la firma de los contratos estaría la mano” de Eleazar, a quien dedica una parte de su columna. Además de a Ulises Rodríguez también menciona a Jorge Eduardo Sisniega Fernández, director Administrativo de la Secretaría de Salud.
En una conferencia de prensa del lunes 6 de febrero, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aceptó y confirmó que investigaban a quien ahora se sabe que se llama Araly Rodríguez Vez por la entrega de los contrarios e incluso que ya la habían llamado y que había confesado que era solo representante, no dueña “de la empresa”.
“Ella no es fantasma, es real y en efecto tiene esos contratos y la estamos investigando. Nosotros pensamos que es prestanombres de otra empresa… se va a investigar”, declaró y afirmó que en su gobierno “no hay cochupos ni arreglos” y que “aquí es de frente contra la corrupción”.
Periodistas, los mejores aliados de Cuitláhuac en la investigación
Pero ante la lentitud que han mostrado sus sabuesos, lo que seguramente ha originado que aún no se informe de los resultados de la investigación, los reporteros de distintos medios se conviertieron en sus mejores aliados y colaboradores en esa tarea y con su trabajo de investigación profesional han venido aportando elementos con los que se puede integrar ya un buen expediente, además que van permitiendo conocer a la mujer, de quien en un principio hasta se llegó a dudar que existiera.
Así, otro periodista, Noé Zavaleta, excorresponsal de Proceso, publicó ayer en el portal blog.expediente.mx información sustentada en documentos, cuyas copias exhibió, incluida la de su credencial de elector, en los que aparece con una “modesta” situación fiscal ante el SAT, “cuyos regímenes fiscales la tienen con actividades económicas para vender ropa al mayoreo, manejo de pequeñas misceláneas y abarrotes, así como un régimen de asalariada, dado de alta en el 2019”.
Apuntó que aunque entre 2019 y 2022 vendió al Gobierno del Estado mobiliario médico, computadoras, sillas de ruedas, cubrebocas, discos duros y hasta botas para policías, entre otros, según el SAT su régimen fiscal solo daba para comerciar ropa por paca y “reciclar” papel y cartón.
En una “búsqueda exhaustiva” en los archivos tributarios, encontró:
Su primer registro en el SAT data de 2003, en la oficina de Tuxpan. Se dio de alta como “comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas”.
En 2014 actualizó su constancia de situación fiscal en la oficina de Poza Rica como dedicada al comercio al por mayor de desechos de papel y cartón “(reciclador o pepenador mayorista)”.
En 2019, ya en el actual gobierno, cambió al régimen de “asalariado” y el 1 de noviembre de 2022, hace tres meses, el SAT reportó que estaba dedicada al “comercio al por mayor de ropa”.
Por otra parte, el periodista indagó que hasta 2022, de acuerdo a una credencial de elector que presentó, vivía en Poza Rica, en la calle Prolongación de las Flores 75, colonia Los Sauces con código postal 93220.
En la copia de su credencial de elector entonces aparecía con 37 años de edad y un detalle que pudo observar el columnista es que no obstante que sus datos corresponden al de una mujer, en la parte correspondiente al sexo de la credencial del IFE en lugar de “F” aparece “M”.
Y por fin da señales de vida
No obstante que desde el 3 de octubre de 2021 el diputado Marlon Ramírez Marín la mencionó por primera vez, luego de observaciones que había hecho el Orfis, y que el 7 de diciembre de ese año cuestionó sobre el tema al entonces secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, durante su comparencia en el Congreso, Araly Rodríguez Vez salió a responder apenas ayer “desde esta trinchera” (?) “solicitando a todos aquellos que se dedicaron a manchar mi imagen, a investigar a fondo antes de hacer aseveraciones…”.
Su respuesta se entendió como que la hizo al gobernador, pues fue quien la señaló como “prestanombres” e incluso insinuó que el caso se trataba de una evasión de impuestos.
En aquella comparecencia de 2021, incluso la diputada local de Morena, Adriana Esther Martínez Sánchez, presidenta de la Comisión Permanente de Salud, salió en defensa de Ramos Alor (y de Araly) y dijo que no era lo mismo que con Duarte. Marlon no solo le entregó una carpeta sino que salió directo a presentar una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación, ya que se trataba de recursos del Insabi, denuncia que motivó la renuncia de Ramos Alor, quien desde entonces anda huyendo y se esconde. Adriana Esther guarda silencio absoluto ahora.
Conforme pasan los días el escándalo no amaina, por el contrario cada vez surgen nuevos elementos, aunado a que entre más tratan de “aclarar” o justificar la entrega de contratos más caen en omisiones y contradicciones y en la opinión pública ya no hay duda que se trata de un caso de empresas fantasma como las que utilizó Javier Duarte para desviar recursos.
Ayer se sumaron otras voces pidiendo “que se llegue al fondo del asunto”, como el presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa, Fernando Arana Watty, quien además propuso que todos los proveedores que contrate el gobierno estén afiliados a alguna cámara empresarial.
A su vez, el dirigente estatal del sindicato de trabajadores de Enseñanza Media y Media Superior, Ricardo Diz Herlindo, demandó una investigación “seria y formal para saber quien la metió (a Araly), quién la llevó y a quién está dándole el dinero” (alcalorpolitico.com). Dijo que a la mujer “la tienen en Poza Rica pero cobra en Cosoleacaque”. Adelantó que “seguramente” se hará una investigación a modo.
