Abriendo Brecha
En el sexenio de José López Portillo, en diciembre de 1977 entró en vigor la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), con lo que se buscaba equidad de representación proporcional de los partidos políticos, de manera que de 300, se incrementaría la cifra a 500 diputados.
En esencia, se buscaba que el partido hegemónico, entonces el PRI, abriera una puerta hacia las demás organizaciones políticas, que en términos generales tenían una presencia muy raquítica en el Congreso de la Unión.
En teoría, se pretendía que hubiese una mayor participación de representantes de partidos de oposición que sí bien no obtenían los votos suficientes en las elecciones, sí podrían hacerlo a través de la vía plurinominal.
Pero, como todas las cosas, con el tiempo tienden a desvirtuarse lo que podría haber sido una equitativa solución. Resultó que mucho de los diputados plurinominales eran los parientes y amigos de los detentadores de las decisiones, por lo que empezó a diluirse lo que era una buena idea inicialmente.
Incluso sucedió también en la Cámara de Senadores en agosto de 1997, cuando se incrementó el número de representantes que ahora es de 128 escaños.
Con el tiempo se llegó a la conclusión que eran posiciones que sólo se otorgaban a privilegiados y sí impactaban con onerosos sueldos y enormes prestaciones en detrimento de otras necesidades de mayor importancia.
Esta es, precisamente, una de las intenciones que pretende la Reforma Electoral del actual gobierno federal y que ha sido severamente atacada bajo la esgrimida teoría que se afecta la democracia.
Aquí hay un problema de inicio. Había que analizar que significa el término de Democracia que está siendo utilizado al grado del hartazgo. Son raíces griegas que significan: Demos, pueblo y Kratos, poder. Es decir, poder del pueblo.
El diccionario lo define como: Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes.
Para eso, el artículo 39 de la Constitución, lo avala plenamente. Y así lo dice:
La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Entonces no hay que hacernos bolas, como diría un consejo popular. Muchos años el pueblo mexicano ha estado sometido a un tipo de gobierno en donde no ha sido tomado en cuenta. Ha sido, en cambio, vejado y humillado, de manera perenne y sin el mínimo sentimiento.
A propósito que ahora se pretende hacer una reforma electoral que tiene el objetivo de reducir los privilegios exagerados a sus funcionarios, eliminar a los plurinominales, diputados y senadores, que magistrados y consejeros sean elegidos por la ciudadanía, se ha formado un movimiento que los cobija y que busca que no haya modificaciones.
Curiosamente, el líder de esa organización de carácter oligárquico y que siempre ha sido beneficiado por los gobiernos del PRI y el PAN, Claudio X. González, ha convocado a una marcha este 13 de noviembre para que no se desaparezca al Instituto Nacional Electoral (NE), a sabiendas que lo manejan con dolo porque saben conscientemente que se trata de una reforma, no eliminación del organismo autónomo.
Incluso, en una encuesta que había ocultado el propio INE, quien la había mandado a hacer, destaca que el 51 por ciento de los ciudadanos aprueban la reforma electoral y que 87 por ciento están de acuerdo en la reducción de diputados y senadores, en tanto que el 72 por ciento advierte que los partidos políticos reciben mucho dinero, mientras que el 78 por ciento de los encuestados, indican que consejeros y magistrados deben ser electos directamente por la ciudadanía.
Es decir, que no haya cotos de poder desde los mismos partidos políticos.
Decía Abraham Lincoln: Del Pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
La democracia no debe ser, y no lo es en realidad, una forma de gobierno que sea manejada por un reducido grupo o segmento de personas que sólo velan por sus intereses y que entregan los recursos naturales y estratégicos a los extranjeros, que ha sido el signo distintivo, execrable y oprobioso de los últimos gobiernos, desde 1988 a 2018.
Sin pretender cargar los dados hacia una posición, la realidad que por vez primera en un gobierno federal se le ha otorgado importancia al pueblo. Nunca se le habían destinado tantos recursos en obras directas para su beneficio, así como amplios programas sociales que se dispersan a millones de personas, muchos ellos en grados de alta marginación.
Tal vez en retrospectiva, el gobierno de Lázaro Cárdenas fue el que más escuchó a su pueblo en su momento. Y en los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines, que aplicó austeridad y en el de Adolfo López Mateos, que tuvo atisbos de buen gobierno, aunque con las manchas de las huelgas de los ferrocarrileros y de los médicos que fueron reprimidos.
Es conveniente tener conciencia social y analizar muy bien el momento histórico que vivimos. No debemos olvidar que, como nunca, los medios de comunicación en el país tienen el propósito de desvirtuar las acciones de gobierno y presentar al actual gobernante como uno de los peores, cuando la realidad es muy distinta
Es verdad que se han quitado privilegios a los más poderosos, mismos que tienen el poder económico y la capacidad para hacer muchísimo ruido. Y, evidentemente, pueden llegar a contagiar con sus falacias a ingenuos o ignorantes ciudadanos que carecen de la emoción social.
¡Y hasta la próxima!.
