O P I N I O N
No es de extrañarse que en el Estado de Sonora gobernado por el arribista pluripartidista Alfonso Durazo, ahora militante, para su conveniencia, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se presenten acciones en contra de la libertad de expresión. Tratando de disfrazar como una acción que cuide a las víctimas de los delitos, hace algunas semanas el Congreso de esa entidad federativa aprobó una reforma en su Código Penal, con la que se castigará hasta con 10 años de prisión a quién difunda imágenes de cadáveres o partes de estos que tengan relación con alguna investigación en curso. Reforma que por donde se analice, tiene como única finalidad el coartar la libertad de expresión de los reporteros que cubren la información policiaca. Ya que toda nota informativa además de llevar su texto correspondiente, también va acompañada de material gráfico, el que en algunos casos es imprescindible para una información adecuada. Pero independientemente de lo pretextado para poder llevar a cabo la negativa reforma estatal, se debe tomar en cuenta que este convulsionado por la delincuencia organizada Estado del Norte de México, lo gobierna un polémico oportunista personaje colado en la vida pública nacional, que siempre ha estado al servicio de quien mejor apoye sus intereses. Por lo que, la retrógrada reforma al Código Penal de Sonora, también debe verse como el inicio de acciones en contra de la libertad de expresión de este país, que está iniciando el gobierno de la autollamada cuarta transformación (4T), en un Estado alejado de la Ciudad de México (CDMX), para conocer las reacciones al respecto y no entrar de lleno en confrontación con los consolidados autónomos grupos de la sociedad civil y las dirigencias de los partidos políticos opositores. Usted qué OPINA, estimado lector. Hasta el lunes. noti-sigloxxi@hotmail.com (Fech. Púb. Vier. 8-julio-22)
