Hace ya muchos años, cuando todavía no se pagaba a los maestros por la vía electrónica bancaria, se tenían que elaborar miles de cheques para entregárselos personalmente a los mentores, nos comenta Pancho López el filósofo ateniense xalapeño, que el titular de la Secretaría de Educación en ese entonces, había dado la orden de que cuando se tuvieran listos los documentos se los subieran a su despacho.
Eran varias cajas de huevos, que se colocaban encima del escritorio y entonces al azar, iba sacando una docena o más de los cheques.
Como es obvio, nunca llegaban a los maestros, por causas desconocidas, que si se trataba de docentes de las zonas serranas, les saldría más caro venir a Xalapa a reclamarlos, sin que al final de cuentas les dieran una respuesta clara de lo que había pasado con su pago.
Lo anterior tiene actualidad hasta nuestros días, porque ahora resulta que de acuerdo con las auditorías de la federación, no las estatales que no encuentran ni un alfiler mal puesto, en los últimos años, 21 gobiernos estatales han destinado más de 156.4 millones de pesos de recursos federales para pagar nóminas de 4 mil maestros muertos.
Aquí en el terruño veracruzano, en la SEV Veracruz, al 2020 suman más de doce millones trescientos mil pesos.
Todavía la semana pasada, la maestra Citlali Topacio pidió a la Secretaría de Gobierno que se revisen las plazas que no están cobrando los titulares, pero que siguen activas.
Es decir, que no solamente se cobran las plazas de los maestros fallecidos, sino también de los que siguen supuestamente en activo, por lo que sus pagos siguen saliendo. La pregunta de los 64 mil pesos es ¿quién está cobrando esas plazas?
Las auditorías revelaron que gobiernos de 21 estados, pagaron más de 156 millones de pesos entre 2019 y 2020 a más de 4 mil maestros fallecidos; los pagos irregulares fueron descubiertos, tras las cuales, las entidades se vieron obligadas a reintegrar el dinero, pero todavía quedan 38 millones de pesos que no han sido devueltos.
Estos pagos irregulares fueron descubiertos en auditorías realizadas al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) correspondiente a 2019 y 2020, tras lo cual los estados fueron obligados a justificar el desembolso o reintegrarlo. A la fecha, todavía no han sido reembolsados a la Tesorería de la Federación más de 38 millones de pesos.
Un análisis realizado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a los reportes de la Auditoría Superior de la Federación, identificó que tan solo entre 2019 y 2020 los gobiernos de 21 estados realizaron 27 mil 854 pagos a 4 mil 160 trabajadores difuntos.
De los 156.4 millones de pesos pagados a personal educativo fallecido en ambos años, las autoridades estatales solventaron 115.7 millones de pesos, de los cuales 76.7 fueron justificados con documentación y 39 millones fueron reembolsados a la Tesorería de la Federación.
La ASF determinó 38.6 millones de pesos pendientes por aclarar, que derivaron en acciones administrativas e incluso probables daños al erario, y en el resto de los recursos (alrededor de 2 millones) no se detalla si fueron justificados o devueltos.
Sin embargo, la problemática no es nueva e incluso se presentó en mayor proporción en el ejercicio anterior. De acuerdo con los resultados de las auditorías, en 2019 las entidades pagaron 48.4 millones de pesos a personal identificado como decesos, de los que 19 estados no solventaron pagos por 31.4 millones de pesos.
Veracruz, Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, son las entidades con pagos pendientes por aclarar de ese año a personal fallecido.
