Durante una década y media, el programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) ayudó en la construcción de un modelo educativo que garantizaba un sólido proceso de formación –los resultados de las pruebas Enlace y Planea lo confirman-, una alimentación adecuada a millones de estudiantes y un espacio seguro para su desarrollo personal.
Tal vez el Presidente no lo sepa, pero este programa brindaba entre 1.5 y 3.5 horas de clases suplementarias —desde música, arte, deporte o lenguas extranjeras, sobre todo inglés— para estudiantes de entre cinco y 14 años en zonas de alta marginación. Además, incluía al medio día un almuerzo caliente para los alumnos.
Un análisis de Unicef en 2019 constató que para el 11% de los niños incluidos en el programa esa era su ¡única comida en todo el día! De las 27 mil escuelas que participaban el 70% eran indígenas y rurales, y el 55% de los menores beneficiados estaban por debajo de la línea de pobreza.
¿Había dado resultados? Sí. El Banco Mundial demostró que el PETC redujo de forma significativa los resultados más bajos en calificación de las pruebas Enlace y Planea, y aumentó la proporción de alumnos mejor evaluados, reduciendo con ello la brecha de desigualdad en la educación. Es decir, los niños más pobres tenían mejores oportunidades.
Además, los datos públicos del gobierno confirman que los planteles de tiempo completo brindaban alimento a 1.4 millones de estudiantes y servían de apoyo a madres que podían trabajar jornadas completas, gracias al tiempo que pasaban sus hijos en los centros escolares. También representa un impacto en los ingresos de miles de profesores que atendían las horas extras.
La desaparición del programa de Escuelas de Tiempo Completo abona al desmantelamiento de la educación para la población más vulnerable del país. Antes ya se habían cancelado el programa nacional de Convivencia Escolar, el de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena, la Atención educativa a la Población Preescolar Migrante y también eliminaron el programa de Desarrollo de aprendizaje significativo de la educación básica.
Es decir, estos programas beneficiaban principalmente a las familias más pobres de México al reducir la desigualdad, mejorar el rendimiento educativo y garantizar la alimentación. Entonces, ¿por qué eliminarlos?
No hay ninguna voz, acaso la ignorante y servil de la Secretaria de Educación, que apoye la decisión del Presidente López Obrador de desaparecer el modelo de Escuelas de Tiempo completo, el único proyecto educativo que ha tenido resultados muy importantes en el desempeño de los estudiantes más desprotegidos.
Incluso, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y principal aspirante de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, ha confirmado que mantendrá el modelo de escuelas de tiempo completo, sin importar la decisión que haya tomado el gobierno federal.
Lo mismo sucederá en otros 13 estados del país, menos en Veracruz, donde la educación ha resultado un espectáculo de strippers.
La justificación del gobierno de la República es que se deben destinar más recursos al mantenimiento e infraestructura de los planteles educativos; sin embargo, ha sido la propia secretaria de Educación, Delfina Gómez, quien reconoce con absoluto cinismo que el cuidado de las escuelas ha quedado en manos de los padres de familia.
Según la SEP, los recursos del PECT serán destinados para mejorar los planteles educativos que carecen de agua, luz y otros servicios básicos mediante el programa La Escuela es Nuestra. Con este programa, el gobierno federal entrega dinero directamente a los comités escolares integrados por padres de familia y maestros, y ellos deben contratar a quienes hagan las obras para así evitar “intermediarios”.
Pero resulta que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no existen pruebas de que 573 millones de pesos de La Escuela es Nuestra hayan sido gastados para mejorar la infraestructura de los planteles, el objetivo del programa. Esto significa que nadie sabe dónde fueron a parar 1 de cada 2 pesos del presupuesto que recibió.
Algunas de las razones de especialistas, maestros y padres de familia para que las escuelas de Tiempo Completo permanezcan es que garantiza y promueve el derecho a la educación de 3.6 millones de estudiantes en 27,063 escuelas en el país; ahí reciben alimentación más de 1.4 millones de niños en pobreza extrema y hay evidencia de la mejora en el desempeño escolar atendiendo el rezago escolar grave.
Extraña paradoja. La 4T ha decidido desmantelar los sistemas de salud y de educación cuando más se necesitan, justo en medio de la pandemia. Llevará décadas volver a construir lo que una horda de ignorantes y resentidos han decidido demoler.
La máxima sigue siendo la misma: “Por el bien todos los de la 4T, primero los López”.
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