La ausencia de claridad y precisión en los mensajes gubernamentales ha provocado una serie de malos entendidos e interpretaciones que no corresponden a la realidad. Solo dos ejemplos que muestran la polaridad en la opinión pública: el juicio a los 31 científicos y el retiro de las patentes de más de mil notarios en el país.
En el primer caso surgió ante la opinión pública que científicos de CONACYT serían aprehendidos por el mal uso de recursos financieros suministrados por el Estado.
Son 574 millones de pesos que se otorgaron a una asociación civil que formó este grupo de científicos, muchos de ellos ligados más bien a la burocracia y que denominaron Fondo Tecnológico de Investigación y que desde hace varios años lo venían ejerciendo.
Ya con la administración actual dejaron de percibirlo y ahí detonó la problemática. La realidad es que en la investigación realizada por la FGR, se encontró que de 574 millones solamente se utilizaron estrictamente 100 millones de pesos para la investigación y la cantidad restante la emplearon en gastos operativos.
Estos gastos se traducen en viajes al extranjero, la compra de una casa en Coyoacán, el pago de impuestos de los científicos de este grupo, servicios de tintorería, de transporte y otras minucias menos importantes que se advierte no tendrían que ser utilizados con esos fines.
De ahí entonces que se generó esta problemática en la que participan un director general, siete directores adjuntos y otras posiciones de carácter estrictamente burocrático.
Sí el asunto se hubiese ventilado de la manera más exhaustiva, correcta y adecuada, no tendrían por qué surgir las opiniones más diversificadas, muchas de ellas provenientes de asociaciones y entidades académicas del extranjero.
Por el sólo hecho que se diga que se aprehenderán a científicos, sólo esta frase detonante por sí misma se antoja a un hecho de inequidad. Pero al hacer un examen más conciso y relatoría de hechos, entonces puede llegarse a otra conclusión.
Cabe anotar que varios de estos funcionarios son ampliamente conocidos y gozan de cierto prestigio en la comunidad científica, por lo que se entiende que hayan surgido varias voces en su apoyo. Sin embargo, habría que separar los hechos para llegar a la mejor conclusión.
El otro tema de desinformación tiene que ver con el anuncio de retiro de las patentes a notarios y se les mencionaba con nombres y apellidos. Sólo en la entidad veracruzana se nombraron a cerca de 90 notarios a los que se les rescindiría el contrato.
Luego se hizo la aclaración y es que únicamente se les iba a retirar la capacidad de otorgar firma para que empresas se dieran de alta ante el SAT. Eso era todo, pero en tanto se generó una serie de rumores e incertidumbre en el sector de notarios y sus clientes.
Sin duda alguna, el mal manejo de la información llega a provocar grandes reacciones que se traduce en angustia y zozobra. Pero también es caldo de cultivo para que los diversos actores políticos hagan sus aportaciones de la más diversa índole. Es muy importante que las personas encargadas de manejar la información oficial tengan un mayor cuidado en los contenidos de sus comunicados.
La realidad es que han provocado muchos desaguisados. Y sí son los que en teoría deben cuidar la imagen gubernamental, más bien contribuyen a deteriorarla.
¡Y hasta la próxima!
