Este primero de agosto de 2021 se llevará a cabo en nuestro país la primera
Consulta Popular, la ley federal sobre este tema existe desde marzo de 2014.
Las consultas populares buscan conocer la opinión de los ciudadanos sobre
temas de interés común (nacional, estatal o municipal). Este tipo de
procedimientos ayudan a conocer cuál es la voluntad de la gente sobre algún
asunto.
En México, la Consulta Popular “es el instrumento de participación por el cual los
ciudadanos, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e
intransferible, toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de
uno o varios temas de trascendencia nacional”.
La consulta que se hará este domingo, promovida por el Presidente de México y
avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será organizada por el
Instituto Nacional Electoral (INE) y costará a la población 528 millones de pesos.
Para que esta consulta sea vinculante se requerirá de una participación del 40%
de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, equivalente a 37 millones, 500
mil participantes.
Serán instaladas 59 mil mesas de consulta para saber la opinión sobre esta
pregunta:
“¿ESTÁS DE ACUERDO O NO EN QUE SE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES
PERTINENTES CON APEGO AL MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL, PARA
EMPRENDER UN PROCESO DE ESCLARECIMIENTO DE LAS DECISIONES
POLÍTICAS TOMADAS EN LOS AÑOS PASADOS POR LOS ACTORES
POLÍTICOS, ENCAMINADO A GARANTIZAR LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS
DE LAS POSIBLES VÍCTIMAS?”
Lo primero que observamos es que el contenido de esta pregunta no es de fácil
comprensión pues es tan amplia y tan abierta que da lugar a muchas
interpretaciones subjetivas, y por lo tanto a manipulaciones en lo que pudiera ser
su aplicación. La consulta por otra parte pregunta una cosa muy obvia: ¿Debe o
no aplicarse la ley si un actor político cometió un ilícito? La respuesta es obvia,
por lo tanto ¿qué sentido tiene hacer este despilfarro?
Al respecto, el 1 de octubre de 2020, la misma Suprema Corte resolvió en forma
unánime, que LA JUSTICIA NO SE CONSULTA. “Conforme a nuestro orden
constitucional, la investigación, persecución, y sanción de los delitos no puede
estar sujeta a los resultados de una consulta popular, se trata de funciones que
se ejercen mediante facultades obligatorias o regladas, que no dependen de la
opinión pública”, señaló el ministro presidente Arturo Zaldivar.
Por otra parte resulta muy extraño que lo que dice la pregunta de la CONSULTA
POPULAR, no coincide con la promoción que se ha hecho de la misma. Los
carteles y lonas que se han distribuido y colgado por todas partes contaminando
la imagen visual de calles, avenidas, muros y domicilios particulares, señalan
que la consulta es para saber si la gente está de acuerdo en llevar a juicio a los
expresidentes.
Parece que esa publicidad se diseñó conforme a la pregunta original que
deseaba hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en efecto
mencionaba los nombres de algunos actores políticos del pasado. Lo cierto es
que la pregunta de la consulta actual se modificó con la anuencia de la Suprema
Corte. Por lo tanto se promueve una cosa pero la pregunta dice otra, ya desde
ese punto de vista nos encontramos frente a una farsa o a una tomada de pelo.
Existen asuntos verdaderamente importantes donde la gente sí le interesaría
opinar. Pero ahí no vale lo que desearía la gente, porque simplemente se impone
una posición “llueva, truene o relampagueé”. Pareciera que nos encontramos
ante una postura caprichosa y obsesiva.
Si alguien cometió un ilícito y se le comprueba, debe enfrentar la ley. La justicia
no se consulta, se aplica. Es una irresponsabilidad tirar tantos millones de pesos,
engañando a la gente y explotando el rencor social.
Pbro. José Manuel Suazo Reyes
Director
Oficina Comunicación Social
Arquidiócesis de Xalapa
