Este jueves, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) acusa al ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto de traidor a la patria y jefe criminal.
Enrique Peña Nieto es señalado como cabeza de un aparato de poder criminal además de ser acusado de participar en un papel central en la comisión de delitos de traición a la patria y cohecho en el caso Odebrecht, afirma la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con el grupo REFORMA, el cual tuvo acceso a la solicitud de orden de aprehensión contra el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, formulada por la FGR ante un juez y que fue devuelta sin que el juzgador se pronunciara sobre su procedencia.
En dicha solicitud, la FGR considera que el ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto fue autor mediato de los delitos mencionados y los de carácter electoral. Es decir, que cometió los ilícitos utilizando como instrumento a Videgaray y a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex.
Enrique Peña Nieto, dice en su consideración de la FGR, se apartó del Estado de Derecho y utilizó el cargo para el que fue electo con el fin de delinquir.
Con su actuar ilícito, no solo obtuvo beneficio personal, sino procuró «también el beneficio de la empresa Odebrecht quien los había ya hecho objeto de cohecho, traicionando a la patria con su mal desempeño».
Subraya la Fiscalía General de la República en su solicitud ante el juez: «Los hechos delictivos de cohecho y traición a la patria surgieron por disposición de él mismo».
Conforme al documento, Luis Videgaray actuó bajo instrucciones de su jefe, el ex Presidente Enrique Peña Nieto.
A instancias del Mandatario, dice el documento de la FGR, Luis Videgaraydistribuyó «de manera espontánea y por interpósita personas» 121 millones 500 mil pesos a los legisladores del PAN Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle; al dirigente partidista Ricardo Anaya y al legislador del PRI David Penchyna Grub.
El delito de cohecho se configuró con las entregas en efectivo a los políticos del PAN y del PRI señalados; dichas entregas tenían el propósito de obtener el voto de los aludidos en favor de la reforma energética sin atender los intereses que representaban sino sólo a su beneficio personal.
Y traición a la patria habría ocurrido al impulsar reformas estrucutrales para otorgar beneficios a empresas extranjeras como Odebrecht y que podrían beneficiarse al aprovechamiento y explotación de los recursos naturales que por mandato constitucional son propiedad de la nación.
De acuerdo con el documento consultado por Grupo REFORMA señala lo siguiente:
Los hechos imputados de cohecho y traición a la patria requirieron de considerables recursos logísticos y financieros, ya que hubo que realizar gestiones tanto en el País como en el extranjero para coptar los recursos ilícitos de Odebrecht
A la vez, esos recursos hubo que «transferirlos, cambiarlos en moneda corriente, almacenarlos, entregarlos a los legisladores, condicionar el pago de sobornos a cambio de su voto a favor de la aprobación de las reformas estructurales; elaborar las propuestas legislativas a modo que beneficiaran a Odebrecht, entre otros; cabildearlas con el resto de legisladores y publicar las leyes aprobadas», precisa el documento consultado por REFORMA.
Bajo el liderazgo de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Emilio Lozoya funcionaron «como un Estado dentro de un Estado e implementaron una política de actos de corrupción».
Aunque la solicitud de orden de aprehensión se centra únicamente en Luis Videgaray como «autor material» de los actos criminales, la Fiscalía General de la República deja en claro que Enrique Peña Nieto fue el orquestador y promovente de las acciones delictivas.
Al señalar que ocupó el cargo oficial más elevado de la administración pública entre los años de 2012 y 2018, subraya que Enrique Peña Nieto «contaba con su propio aparato de poder criminal, con cuya ayuda implementó una estrategia de coptación de la voluntad de los legisladores» para la aprobación de la reforma energética.
Enrique Peña Nieto tuvo «un poder de un mando y dirección sobre sus allegados en el gobierno, que desde luego, no era simbólico, sino que también incluía la capacidad de dar órdenes específicas las cuales estaban obligadas a cumplirlas».
Con información de la revista REFORMA.
