Abriendo Brecha
Entre tantos abusos y arbitrariedades oficiales, que es el signo distintivo de las autoridades, llama la atención uno de ellos. En la ciudad de México un grupo de indígenas otomíes denunciaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a tres personajes por traición a la patria. Se trata de Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo. Dos son exgobernadores y un gobernador actual del Estado de México.
El motivo de la denuncia está fundamentada en el desacato de siete amparos que habían obtenido para evitar la destrucción de un área de 750 mil metros cuadrados, propiedad de pueblos indígenas desde 1644 y que no les importó para construir ahí la autopista de Toluca hacia Naucalpan.
Esta obra fue iniciada y aprobada en 2007 durante el mandato gubernamental de Enrique Peña Nieto y que no hizo ningún caso a las observaciones jurídicas de la propiedad de las comunidades indígenas. La gravedad del asunto es que se cometió un ecocidio que no tiene límites y que pone en peligro el abastecimiento de agua potable hacia la ciudad de México y a Toluca, así como poblaciones de la región de Lerma.
Esa obra ocasionó la destrucción de 140 manantiales, un río subterráneo y destruyeron 700 mil árboles, lo que evidentemente se convierte en un grave atentado ecológico y que podría tener aún más graves repercusiones en lo que hace al acceso de agua potable para millones de personas.
Esta denuncia fue hecha durante una rueda de prensa ante medios de comunicación a nivel nacional y fue Juan Villegas, representante de la comunidad otomí, que presentó e hizo pública esta delicada y grave afectación que perjudicó la propiedad de pueblos indígenas y agregó el delicado agravante del ecocidio.
Queda demostrado que la ambición no tiene límites y que nada importa cuando se trata de obtener beneficios económicos por encima de cualquier precio, así sean los preciados bienes de la naturaleza que implican también la flora, la fauna y los indispensables acuíferos que son la base de las cuencas hidrológicas que proveen del vital líquido a grandes sectores de la población.
Es verdad que el castigo debe ser ejemplar. Tiene que haber consecuencias y éstas deben estar muy acorde a la gravedad de lo que hicieron. De nada valieron los amparos y la ley de su parte, porque no les importó y las autoridades en ese momento cometieron acciones autoritarias.
Enrique Peña Nieto, ahora expresidente, tiene que dar cuenta de estas pésimas decisiones y aclarar también por qué beneficio a la empresa Autovan que es la concesionaria de la autopista. Tienen que generarse algunas acciones que lleguen a las últimos “consecuencias” y haya un legítimo posicionamiento del estado de Derecho que por muchos años ha estado abandonado en este país.
Esto debe llevar también a la urgente reforestación de esta área depredada y que se lleven tareas de rescate de la ecología, porque de no hacerse así, entonces el futuro que depara a millones de habitantes del estado de México y de la CDMX será bastante sombrío. Y que quede muy claro que ningún interés económico debe estar por encima de la legalidad y de la conservación de la naturaleza, porque finalmente ella es la parte esencial del desarrollo de un país.
SIGUE LA PANDEMIA
Las noticias de la pandemia siguen vigentes. No ha habido tareas de contención y cada día hay más contagiados y decesos, resultado de las nulas tareas de prevención. A muchas personas, que rayan por su ignorancia absoluta, les molesta usar un cubrebocas, porque consideran que el coronavirus no existe.
Ciertamente no existe para ellos porque no se puede ver. Pero tal vez habría que informarles a esas personas que se trata de un virus pequeñísimo que solamente puede ser observado a través de un microscopio. Y ese bicho ocasiona problemas respiratorios y cuando una persona se contagia, entonces ya está en problemas. Y en ese momento, se presentan una serie de conflictos porque el primer problema es a dónde ir, a qué hospital dirigirse y sí se cuenta con dinero para enfrentar la enfermedad.
En las calles se observan a muchas personas sin hacer caso a la distancia social, sin usar cubrebocas. En Veracruz puerto las autoridades han propiciado una serie de actividades en el centro de la ciudad con lo que se pretende reactivar la economía, pero al mismo tiempo las orilla a contraer una grave enfermedad.
Desafortunadamente el gobernador Cuitláhuac García no ha logrado posicionarse en tan delicado encargo y por ende no se han dictado las medidas pertinentes que fueran de observancia a la población y que los más de 200 municipios de la entidad fuesen sujetos a medidas preventivas para evitar la expansión de infectados y de decesos.
Ya se sabe que el gobierno no tiene la capacidad para enfrentar esta problemática, porque en principio considera que la población es obediente y disciplinada, que en los hechos no es verdad. Y el presidente de la república, que es el principal referente en el país y a ocho meses de la pandemia, todavía no usa cubrebocas.
Luego entonces ¿de qué manera obligamos a los mexicanos a ponerse una protección en la cara cuando observa que el ejemplo de la autoridad no es bueno?.
El principal responsable de la Secretaría de Salud, Hugo López Gatell Ramírez, ¿no podría indicarle al presidente que es necesario que use un elemento tan básico para protegerse y proteger a los demás? Bueno, eso pienso. Ha hecho grandes cosas, pero esto por ahora debe ser lo más importante.
Y hasta la próxima.
