PERFILANDO
Para quienes confundieron una presidencia municipal con un refugio y el fuero con un seguro contra sus propias ocurrencias, el mensaje de Rocío Nahle va bastante claro: al gobierno se llega a trabajar, no a esconderse.
Le explico.
Hay políticos que en campaña quieren ser iguales al pueblo, pero cuando se habla de responder ante la justicia, entonces sí les urge recordar que son diferentes.
¡Qué cómoda manera de entender el servicio público!
El debate sobre el retiro del fuero a las autoridades municipales en Veracruz tiene un fondo que no debe perderse entre discursos partidistas y lágrimas de cocodrilo.
Vamos por partes.
El artículo 111 de la Constitución federal establece un régimen de inmunidad procesal para determinados servidores públicos, relacionado con la división de Poderes y el funcionamiento de las instituciones. La figura tiene una razón de ser: proteger la función pública.
Proteger la función, (dice). No darle impunidad a quien ocupa el escritorio.
En Veracruz, el primer párrafo del artículo 78 de la Constitución estatal contemplaba la declaración de procedencia para autoridades municipales, y la reforma impulsada por la Gobernadora y aprobada por la LXVII Legislatura elimina ese requisito para proceder penalmente contra presidentes municipales, presidentes de concejos municipales y síndicos.
Dicho sin tanto lenguaje: que enfrentar un proceso penal deje de depender de que primero les retiren una protección mediante una decisión política.
Porque durante años el problema ha sido precisamente ese: una figura concebida para cuidar a las instituciones terminó siendo defendida como si fuera patrimonio personal de quienes gobiernan.
El cargo, la camioneta, los colaboradores… y de una vez la protección.
¡Paquete completo!
La ciudadanía lleva años escuchando que todos somos iguales ante la ley. Lo mínimo es que esa igualdad también alcance a quienes administran el dinero público y toman decisiones en nombre de los demás.
A nivel federal, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado su postura a favor de eliminar el fuero. En Veracruz, Rocío Nahle llevó el asunto al terreno legislativo con la iniciativa presentada el pasado 17 de septiembre, posteriormente aprobada por el Congreso local.
Y al explicar sus razones, la gobernadora puso sobre la mesa su propia experiencia: “Uno viene a trabajar, a servir, yo he tenido fuero cuando fui diputada federal, cuando fui senadora, nunca lo he necesitado”.
Así de claro.
No habló de una figura que desconozca. Habló de una protección que tuvo y que, según sus propias palabras, nunca necesitó.
Pero todavía fue más directa: “Yo no vine aquí a buscar un refugio o una protección, yo vine aquí a trabajar, a avanzar en Veracruz. Yo creo que los alcaldes también, los alcaldes se postularon para ayudar a su pueblo, no para buscar una protección”.
Ahí está el punto que algunos quisieran rodear con veinte discursos.
¿Se postularon para resolver los problemas de su municipio o para resolver sus propias necesidades de protección?
Porque en las campañas nadie ofrece convertirse en experto en inmunidad procesal. Ofrecen agua, seguridad, alumbrado, caminos, atención y resultados.
Pues a cumplir y punto
La reforma todavía requiere el aval de la mayoría de los ayuntamientos para completar el procedimiento constitucional. Por eso Nahle convocó a los cabildos a analizarla y respaldarla, dentro del respeto a su autonomía.
Y esa discusión tiene su buena dosis de prueba política: ahora las autoridades municipales deberán pronunciarse sobre una protección que las beneficia directamente.
Defender la igualdad ante la ley cuando se habla del vecino es facilísimo. Sostenerla cuando toca revisar las condiciones del propio cargo ya requiere algo más que saliva.
Requiere congruencia.
Desde luego, quitar el fuero no convierte una denuncia en sentencia. Las fiscalías deben probar sus acusaciones y los jueces resolver conforme a derecho. La presunción de inocencia y el derecho a defenderse siguen siendo indispensables.
Nadie está planteando que una acusación sustituya las pruebas.
Lo que se discute es por qué un cargo de elección popular debe añadir una barrera política que el ciudadano común no tiene.
Y tampoco alcanza con gritar “persecución” cada vez que una autoridad enfrenta una investigación.
Ahí están los casos recientes de los presidentes municipales de Esperanza, Puebla, y Juchitán, Oaxaca: ambos electos por Morena y detenidos por presuntos actos ilícitos. Su responsabilidad deberá determinarse legalmente, pero la camiseta partidista no impidió que las autoridades actuaran.
Y ese criterio debe sostenerse sin excepciones.
Porque también está muy gastada esa costumbre de exigir justicia cuando detienen al adversario y denunciar una conspiración cuando el señalado es compañero de partido.
¿Pues no que la ley era para todos?
En Veracruz, Nahle ha sostenido que su gobierno no tiene acuerdos con grupos criminales y que su compromiso es con la sociedad. Esa posición obliga a aplicar el mismo criterio frente a cualquier color político.
El humanismo y el compromiso con la población también se demuestran evitando que el poder se convierta en protección para unos cuantos.
Por eso esta reforma tiene un mensaje político de fondo: el servicio público exige responsabilidades, no condiciones especiales para eludirlas.
Que los cabildos discutan y que revisen sus alcances.
Pero que nadie confunda la defensa de la autonomía municipal con la defensa de la impunidad.
El pueblo los eligió para dar resultados. No les dio una alcaldía para que tuvieran dónde esconderse.
¿O no?
@IvanKalderon