Expresión Ciudadana

Cada año, miles de jóvenes mexicanos viven la misma historia. Durante meses se preparan para presentar exámenes de admisión, invierten tiempo, dinero y expectativas familiares, pero al final descubren que no hay lugar para ellos. 

No porque hayan renunciado a estudiar, no porque no tengan aspiraciones, sino porque el sistema educativo simplemente no tiene capacidad suficiente para recibirlos. México presume programas sociales, becas y apoyos económicos para la juventud, pero la realidad sigue golpeando con fuerza. 

El problema ya no es únicamente la pobreza o la falta de recursos familiares; el problema es que el propio Estado ha sido incapaz de construir una infraestructura educativa acorde con el crecimiento de la población joven. 

La situación resulta especialmente preocupante porque ocurre en un momento en el que el país necesita más profesionistas, más científicos, más técnicos especializados y más jóvenes preparados para enfrentar los desafíos económicos del futuro. Sin embargo, miles de ellos se encuentran con puertas cerradas desde el primer intento.

Las cifras son alarmantes. 

De acuerdo con datos difundidos recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), retomados por diversos medios nacionales, alrededor del 20% de los jóvenes mexicanos no estudian ni trabajan, porcentaje que prácticamente duplica el promedio de los países miembros de ese organismo, que ronda el 12%. México continúa apareciendo entre las naciones con mayores niveles de exclusión juvenil educativa. 

El problema no comienza en la universidad. Se trata de una cadena de rezagos acumulados durante años. 

La propia Universidad Nacional Autónoma de México advirtió este año que más de siete millones de jóvenes en el país no cursan la educación media superior. Dicho de otra forma: dos de cada diez jóvenes que deberían estar estudiando bachillerato se encuentran fuera de las aulas. Cuando un joven abandona la preparatoria, las posibilidades de llegar a la universidad se reducen drásticamente. 

Pero incluso quienes logran concluir ese nivel educativo enfrentan otro muro: la insuficiencia de espacios en las instituciones públicas de educación superior. La paradoja es evidente. 

El discurso oficial insiste en que la educación es un derecho universal, pero en la práctica miles de estudiantes compiten cada año por lugares limitados. 

El acceso a la educación superior sigue dependiendo más de la disponibilidad institucional que del mérito académico. Miles de jóvenes que cumplen con los requisitos, concluyen el bachillerato y obtienen resultados competitivos en los exámenes de admisión terminan quedándose fuera simplemente porque no existen suficientes espacios.

Lo más preocupante es que, pese a las promesas de expansión educativa realizadas durante los últimos años, los resultados siguen siendo insuficientes. Incluso proyectos impulsados por la llamada Cuarta Transformación, como las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, que fueron presentadas como una alternativa para ampliar la cobertura universitaria en zonas marginadas, no han logrado convertirse en la solución estructural que se prometió. 

Diversos señalamientos sobre baja matrícula, limitada oferta académica, problemas operativos y escasa infraestructura han puesto en duda su capacidad para absorber la demanda real de educación superior. 

Mientras tanto, miles de jóvenes continúan enfrentando el mismo problema de siempre: querer estudiar y no encontrar un lugar donde hacerlo. 

Según datos del INEGI, en México existen aproximadamente 30.4 millones de jóvenes entre 15 y 29 años de edad, equivalentes a poco más del 23% de la población nacional. 

Estamos hablando de una generación enorme que requiere oportunidades educativas y laborales reales. 

El problema adquiere una dimensión aún más grave cuando se observa la estructura educativa nacional. El propio INEGI reporta que solamente el 21.6% de la población ha alcanzado estudios superiores completos, mientras que la mayoría permanece en niveles básicos o medios. 

En otras palabras, México sigue teniendo dificultades para transformar a sus jóvenes en profesionistas. 

El país necesita universidades, laboratorios, centros tecnológicos y programas de formación; en cambio, sigue apostando más por transferencias económicas que por la ampliación masiva de la infraestructura educativa.

Las consecuencias ya son visibles. 

Miles de jóvenes terminan incorporándose al empleo informal, otros emigran hacia actividades precarias y algunos simplemente abandonan cualquier expectativa de desarrollo académico.

La exclusión educativa se convierte entonces en exclusión económica. Un joven que no estudia difícilmente accederá a mejores salarios. Un joven que no encuentra empleo formal tendrá menores posibilidades de movilidad social.

La educación debería ser el principal mecanismo para combatir la desigualdad, pero cuando las puertas universitarias son insuficientes, esa función desaparece. Lo más preocupante es que el fenómeno no muestra señales claras de reducción. 

A pesar de las becas, los programas gubernamentales y las promesas sexenales, los indicadores siguen colocando a México entre los países con mayores problemas de inserción juvenil.

El país corre el riesgo de desperdiciar una generación completa si continúa administrando el problema en lugar de resolverlo. Es precisamente en este contexto nacional donde debe analizarse lo que ocurre actualmente en Veracruz.

En el estado, miles de jóvenes presentaron recientemente el examen de ingreso a la Universidad Veracruzana, la principal institución pública de educación superior de la entidad.

Para muchos de ellos, la UV representa la única posibilidad real de continuar sus estudios universitarios. No se trata únicamente de una elección académica; en numerosos casos es la única alternativa económicamente viable para las familias. Sin embargo, año tras año se repite la misma escena. Decenas de miles presentan examen, pero sólo una parte logra obtener un espacio.

La discusión pública suele concentrarse en los estudiantes que sí ingresan, en las carreras más demandadas o en los puntajes de admisión. 

Cada año, programas como Médico Cirujano, Enfermería, Derecho, Psicología y Cirujano Dentista concentran a miles de aspirantes que compiten por un número limitado de espacios. 

Tan solo Medicina suele registrar más de ocho mil solicitudes para menos de seiscientos lugares disponibles, reflejando una demanda que rebasa por mucho la capacidad institucional de la Universidad Veracruzana. Sin embargo, poco se habla de quienes quedan fuera. 

Las cifras del proceso de admisión 2026 de la Universidad Veracruzana reflejan con claridad la magnitud del problema. 

De acuerdo con datos oficiales de la propia institución, 44 mil 377 aspirantes presentaron examen de ingreso para el ciclo escolar 2026-2027 en las cinco regiones universitarias del estado. 

Sin embargo, la oferta educativa disponible es de apenas 20 mil 955 espacios. 

En otras palabras, más de 23 mil jóvenes se quedan sin un lugar en la principal universidad pública de Veracruz. 

No se trata de una minoría ni de casos aislados; estamos hablando de una población equivalente a la de muchos municipios veracruzanos completos que, aun teniendo la intención de estudiar una carrera profesional, se enfrentan a la insuficiencia de espacios educativos. 

La atención mediática se centra en los resultados de admisión, pero rara vez en las consecuencias sociales que genera la falta de cobertura educativa. Y la pregunta fundamental permanece sin respuesta: ¿qué ocurre con esos miles de jóvenes que, pese a haber concluido la preparatoria y cumplir con el proceso de selección, no encuentran un lugar en las aulas universitarias? 

La realidad es que muchos intentan nuevamente al año siguiente con la esperanza de que la suerte les sonría en una segunda oportunidad. 

Otros buscan universidades privadas cuyos costos están fuera del alcance de miles de familias veracruzanas. 

También están quienes voltean hacia los Institutos Tecnológicos Superiores y escuelas normales del estado, instituciones que terminan absorbiendo una parte de la demanda que la Universidad Veracruzana no puede atender. 

Durante años, además, se promovió a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) como una alternativa para ampliar la cobertura educativa en la entidad; sin embargo, el proyecto ha estado acompañado de constantes cuestionamientos sobre la calidad académica, la falta de reconocimiento de algunos programas, problemas administrativos y una oferta educativa que nunca logró convertirse en la solución masiva que Veracruz necesitaba. 

Lo que alguna vez fue presentado como una opción para democratizar el acceso a la educación superior terminó quedando lejos de las expectativas generadas. 

Sin embargo, ni siquiera los tecnológicos, las normales, la UPAV o las instituciones privadas tienen capacidad ilimitada para atender a todos los jóvenes que cada año buscan continuar sus estudios profesionales. 

Algunos jóvenes optan por emigrar a otras entidades para continuar sus estudios, mientras que otros terminan renunciando por completo a sus aspiraciones universitarias. Así, lo que comenzó como un examen de admisión termina convirtiéndose en un punto de quiebre que define el futuro de miles de jóvenes. 

Detrás de cada aspirante rechazado existe una historia personal, un proyecto de vida que se interrumpe y una expectativa familiar que queda suspendida. Lo más grave es que esta situación se ha normalizado. 

Se acepta como algo natural que miles de jóvenes sean excluidos porque no existen suficientes lugares disponibles. Pero la falta de espacios no debería considerarse normal. 

Debería verse como un fracaso de la planeación educativa. Mientras Veracruz enfrenta desafíos económicos, inseguridad, migración y falta de empleos bien remunerados, la educación superior debería ser una prioridad absoluta para construir oportunidades de desarrollo.

Sin embargo, durante años la capacidad de crecimiento universitario ha sido insuficiente frente a la demanda social. 

El resultado es que miles de jóvenes quedan atrapados en una especie de limbo. Ya terminaron la preparatoria, pero no pueden ingresar a la universidad. Tampoco encuentran empleos que les permitan construir un futuro digno.

Muchos terminan incorporándose al comercio informal, a trabajos eventuales o a actividades con bajos ingresos y escasas prestaciones. Otros simplemente permanecen en casa esperando una nueva oportunidad que quizá nunca llegue.

La frustración social que genera esta situación rara vez aparece en los discursos oficiales. 

Se habla de cobertura educativa, de becas y de inclusión, pero poco se menciona a quienes quedan fuera de las estadísticas positivas.

Cada aspirante rechazado representa una oportunidad perdida para Veracruz. Cada estudiante que abandona sus estudios significa menos capital humano para el desarrollo económico estatal.

Cada joven que se incorpora a la informalidad por falta de oportunidades educativas representa un costo social enorme para las próximas décadas. 

La educación superior no debería funcionar como un filtro de exclusión, sino como una herramienta de inclusión.

Sin embargo, las condiciones actuales parecen conducir justamente en sentido contrario. El problema no se resolverá únicamente con programas de apoyo económico. Tampoco con discursos sobre el derecho a la educación. Lo que se necesita es una política educativa mucho más ambiciosa que vaya más allá de los discursos. 

Es indispensable ampliar la capacidad instalada de las universidades públicas, abrir nuevos espacios en las regiones con mayor demanda, fortalecer los institutos tecnológicos y las escuelas normales, así como crear más opciones de educación superior en municipios donde la oferta sigue siendo insuficiente. 

Pero también es momento de explorar esquemas de colaboración con las universidades privadas mediante convenios y programas de becas financiados por los gobiernos federal y estatal, que permitan a miles de jóvenes acceder a una carrera profesional sin que la falta de recursos económicos sea una barrera. 

Garantizar un lugar para estudiar no debería depender exclusivamente de la capacidad de una institución pública, sino de una estrategia integral que asegure que ningún joven quede fuera por falta de infraestructura o de oportunidades. 

Porque el verdadero examen no es el que presentan los estudiantes cada año. El verdadero examen lo está reprobando el sistema educativo mexicano.

Y mientras miles de jóvenes sigan encontrando puertas cerradas en las universidades públicas, seguirá creciendo una generación que observa cómo sus aspiraciones se estrellan contra la insuficiencia institucional. México no puede permitirse seguir desperdiciando talento. Veracruz tampoco.

Porque detrás de cada joven rechazado no hay solamente una ficha de admisión fallida. Hay una historia, una familia y un futuro que el Estado decidió dejar esperando. Y cuando una sociedad deja esperando a sus jóvenes, tarde o temprano termina pagando las consecuencias.