Carta abierta a los consejeros universitarios de la Universidad Veracruzana

A las Consejeras y los Consejeros del H. Consejo Universitario General:

Quienes suscribimos esta carta hemos tenido el honor y la responsabilidad de encabezar, en

distintos momentos, los destinos de la Universidad Veracruzana. Lo hicimos siempre bajo el

compromiso inquebrantable de respetar la legalidad, preservar la autonomía universitaria y

honrar el pacto ético que sostiene a toda institución de educación pública: ser garante del

pensamiento libre, la inclusión y la rendición de cuentas.

Hoy nos dirigimos a ustedes, no solo como exrectores, sino como universitarios

profundamente preocupados por el momento que atraviesa nuestra casa de estudios. La

decisión de la Junta de Gobierno de otorgar una prórroga de cuatro años al actual rector se

hizo al margen de la legislación universitaria que mandata una convocatoria abierta, una

amplia auscultación de la comunidad universitaria sobre distintas propuestas de trabajo

universitario y la libre participación de aspirantes a ocupar el digno cargo de rector de la

Universidad Veracruzana. Esa decisión es una grave transgresión a la normatividad y un

desmesurado intento de secuestro de la Máxima Casa de Estudios de Veracruz. Esta tropelía

no puede ser admitida por el Consejo Universitario General.

La Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, en su artículo 36, establece con toda claridad

que “el rector será designado por la Junta de Gobierno y durará en su encargo cuatro años” y podrá ser

nuevamente designado por un segundo periodo consecutivo, siempre y cuando se someta a un

procedimiento bien definido en el que deberá competir con otras propuestas de desarrollo

universitario presentadas por quienes aspiren al cargo de rector. En ninguna parte del texto

legal se mencionan las condiciones, los criterios ni los procedimientos que den sustento a la

figura de la prórroga. Peor aún, la Junta de Gobierno no está facultada para modificar la

normatividad que rige a la Universidad Veracruzana. Cualquier interpretación y

modificación por parte de la Junta de Gobierno a lo que mandata la legislación universitaria

es una grave afrenta al sustento jurídico y erosiona la legitimidad del órgano responsable de

la designación del rector.

Más aún, la Ley de Autonomía de la UV, en su exposición de motivos y en sus disposiciones

fundamentales, protege el derecho de la comunidad universitaria para autogobernarse bajo

principios de legalidad, participación, deliberación y pluralidad. Violar las normas de

sucesión y designación del rector por razones oscuras y argumentaciones legaloides no sólo

debilita la autonomía, sino que contradice su espíritu: una universidad libre, formadora de

valores universales, no puede funcionar con decisiones reprochables, opacas y, menos,

impuestas a partir de la transgresión de la ley.No se trata de nombres ni de proyectos personales. Se trata del respeto irrestricto a la norma

y al principio rector de toda institución educativa pública: el respeto al derecho y no a la

conveniencia personal de autoridades universitarias que buscan ilegalmente el poder y que

debieran ser las primeras en poner el ejemplo de la legalidad.

Es por ello por lo que hacemos un llamado respetuoso pero firme a los miembros del

Consejo Universitario General, máximo órgano colegiado de nuestra universidad, para que

asuman con plena conciencia su responsabilidad histórica. Están ante una disyuntiva que

marcará el rumbo de la UV en los próximos años: callar o actuar; consentir o corregir; dejar

pasar lo inadmisible o defender a nuestra casa de estudios.

La Universidad Veracruzana no necesita salvadores, necesita instituciones fuertes, con voces

proactivas y órganos colegiados que velen por la integridad institucional. Este es un momento

para honrar la confianza que miles de estudiantes, docentes, trabajadores y egresados han

depositado en ustedes. No es tiempo de cálculos; es tiempo de convicción y decisiones. Urge

que los consejeros universitarios desconozcan la decisión ilegal de la Junta de Gobierno de

otorgar una prórroga que cierra la puerta a la legalidad y al legítimo derecho de los

universitarios de contrastar alternativas para la conducción de la Universidad. Actuar en

defensa de la legalidad no es una osadía, es un deber. Y su valiente decisión será acompañada

por una comunidad universitaria que reconoce el trascendente sentido de la justicia y la

honorabilidad que debe imperar en nuestra casa de estudios.

Con nuestro reconocimiento y respeto.

Exrectora y exrectores de la Universidad Veracruzana,

Dra. Sara Ladrón de Guevara González

Dr. Raúl Arias Lovillo

Dr. Víctor Arredondo Álvarez

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