El acuerdo fue emitido por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y publicado el miércoles en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).
El gobierno de México eliminó las restricciones impuestas al maíz transgénico, luego de que en diciembre del año pasado perdió el panel de solución de diferencias con Estados Unidos, llevado a cabo en el marco del Tratado Comercial de América del Norte, T-MEC, cuya decisión es inapelable.
Mediante un acuerdo de la Secretaría de Economía, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), se deja sin efectos la aplicación de diversas disposiciones sobre maíz genéticamente modificado.
Se trata de la aplicación de los artículos sexto, fracción II, séptimo y octavo, del decreto por el que se establecieron diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado, que entró en vigor en febrero de 2023, durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
“A la entrada en vigor del presente instrumento, las referencias y limitaciones contenidas en cualquier acto administrativo respecto de los artículos señalados por el presente Acuerdo, quedarán sin efecto”, dice el acuerdo firmado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.
El documento señala que el panel de solución de controversias recomendó a México hacer los ajustes necesarios, de acuerdo con las obligaciones que tiene en el marco del T-MEC.
“Que la Ley sobre la Celebración de Tratados dispone, en su artículo 11, que las sentencias, laudos arbitrales y demás resoluciones jurisdiccionales derivados de la aplicación de los mecanismos internacionales para la solución de controversias legales, tendrán eficacia y serán reconocidos en la República Mexicana”, por lo que el acuerdo se da en cumplimiento al fallo del panel del T-MEC y se dispone su entrada en vigor desde el momento de su publicación.
En diciembre de 2024, tras darse a conocer el informe final del panel, el Gobierno de México señaló que respetaría la decisión pero que no la comparte, ya que considera que las medidas impugnadas estaban alineadas con los principios de protección a la salud pública y los derechos de los pueblos indígenas, establecidos en la legislación nacional y en los tratados internacionales de los que es parte.
El pasado 23 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Constitución y para prohibir el cultivo de maíz transgénico, que alude a la “conservación y protección de los maíces nativos”.
La reforma a los artículos 4 y 27 busca declarar el maíz como elemento de identidad nacional, cuyas semillas y cultivo debe de estar libre de transgénicos.
Es previsible que el Congreso de la Unión apruebe la reforma, dada la mayoría de Morena y aliados con la que cuenta en ambas cámaras, además de contar con la mayoría de las gubernaturas y congresos de los estados. Se requiere que al menos 17 congresos locales den su aval para que prospere.
En dado caso, se incluiría en la Constitución lo siguiente:
“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. El maíz es un elemento de identidad nacional cuyo cultivo debe ser libre de transgénicos, priorizando su manejo agroecológico (artículo 4).
“El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, fomentará la actividad agropecuaria y forestal
para el óptimo uso de la tierra libre de cultivos y semillas para siembra de maíz transgénico y con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público (artículo 27).
