El expresidente boliviano Evo Morales denunció haber sido blanco de un atentado en Cochabamba, donde encapuchados abrieron fuego contra su vehículo, hiriendo a su chofer. Morales acusó directamente al presidente Luis Arce de intentar eliminarlo y calificó la acción como un «operativo combinado con las fuerzas militares y policiales», una declaración que agrava la creciente tensión política en Bolivia.
En un relato a la radio Kawsachun Coca, Morales explicó que, en su camino hacia la emisora, dos camionetas interceptaron su convoy. Cuatro encapuchados dispararon contra su vehículo blindado, impactando en una llanta y forzando a Morales a cambiarse a un segundo coche. El ataque dejó múltiples disparos en ambos vehículos, y el chofer de Morales resultó herido tras recibir un roce de bala en la cabeza.
Desde varios países de América Latina, los presidentes de Cuba, Colombia, Venezuela y Honduras, así como exmandatarios de Ecuador y Argentina, condenaron el ataque, mientras que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, también se pronunció en contra de la violencia en la política.
Un video divulgado por el entorno de Morales muestra a un militar en Cochabamba explicando que vehículos policiales llegaron a un cuartel tras, supuestamente, enfrentarse con narcotraficantes. La explicación, sin embargo, fue rechazada por los seguidores de Morales, quienes sostienen que esos vehículos fueron usados en el ataque.
Arce, por su parte, negó la implicación y calificó las acusaciones de Morales como «especulaciones tendenciosas». Instruyó una investigación exhaustiva, asegurando que “no es con la búsqueda de muertos que se resuelven los problemas”.
El ataque ocurrió en medio de crecientes protestas de los seguidores de Morales, quienes han bloqueado carreteras por 13 días en rechazo a una orden judicial que pide al expresidente responder por la supuesta paternidad de una menor. Los bloqueos han afectado el suministro de alimentos y combustible, provocando inflación y descontento. Frente a la situación, el gobierno ha implementado operaciones conjuntas entre policías, militares y paramilitares, lo que Morales ha denunciado como una “represión” contra las protestas sociales.
Las Fuerzas Armadas de Bolivia emitieron un comunicado desmintiendo las acusaciones y pidieron calma a la población.
