Cuando el cierre del ciclo gubernamental se aproxima, va emparejada a esa circunstancia la oportunidad de hacer el balance del resultado de la gestión pública sexenal; esa tarea conlleva la responsabilidad inherente de efectuarla lo más apegada a la realidad, apartada de filias y de fobias políticas o ideológicas, ¿a quién corresponde esa faena? Por supuesto, a todo ciudadano interesado en la cosa pública, aunque ese trabajo requiere del acopio de información precisa y fidedigna para no correr el riesgo de contaminarlo con visiones sesgadas y tendenciosas. Tampoco requiere de mucha ciencia porque esa clase de información es posible encontrarla en diversas fuentes: medios de comunicación, discursos, reportes de crecimiento económico, estadísticas sobre obra pública, y en el contraste entre lo ofrecido y lo cumplido, etc. En esos términos, a solo seis meses y medio de concluir la gestión presidencial de López Obrador y de Cuitláhuac García en Veracruz ya es posible levantar el inventario del costo-beneficio de haber ensayado en 2018 la opción de darle oportunidad de gobernar a Morena- ¿Cómo nos fue?
Por supuesto, ya estamos en aptitud de diseñar un listado de lo realizado por el actual gobierno: programas sociales de beneficio a la tercera edad, aeropuerto Felipe Ángeles, Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, la megafarmacia; si efectivamente serán económicamente rentables y no orbitarán sobre el gasto público, en poco tiempo será posible comprobarlo. Es extensa la lista de los ofrecimientos no concretados: terminar con la inseguridad pública, reducir los índices de violencia, dar fin a la corrupción, crecimiento económico menor al 2% durante el sexenio, sistema de salud bastante deteriorado (lo de “mejor del mundo” es sueño guajiro), fuerzas armadas aun en las calles y no en sus cuarteles, reprobados en educación, descentralización administrativa congelada, no se alcanzó la meta de internet para todos, la universidad Benito Juárez quedó a deber, no se logró la soberanía alimentaria, tampoco la energética, Pemex sigue en quiebra y la CFE no tiene capacidad para convertirse en monopolio energético del país, etc. Y ya en el tramo final del actual gobierno, como suele suceder con un presidente cuyo poder va en pleno declive, los movimientos de protesta seguirán en aumento. En cuanto a la entidad veracruzana, los nubarrones se acrecientan correlativamente al fin del sexenio, y de lo alcanzado por el gobierno estatal no hay mucho para celebrar. La administración estatal prácticamente ya cerró las ventanillas y solo permanecen abiertas obligadas por la cruel realidad las encargadas de reportar los índices de violencia que no cesan de aumentar. ¿Cómo influirá ese contexto socioeconómico y de asignaturas no satisfechas en el resultado de las elecciones para presidenta y para gobernador de Veracruz? ¿En verdad va a influir en las elecciones? El dos de junio tendremos la respuesta.
