El 5 de diciembre, el Tribunal Constitucional de Perú ha emitido una orden para la liberación del ex presidente Alberto Fujimori, actualmente cumpliendo una condena de 22 años en el Penal de Barbadillo por crímenes de lesa humanidad relacionados con los casos La Cantuta y Barrios Altos, ocurridos durante su mandato.
Esta decisión sigue a la declaración del presidente del Tribunal Constitucional (TC) de Perú, Francisco Morales, el 29 de noviembre, instando a las autoridades del país a proceder con la excarcelación inmediata de Fujimori. Esto ocurrió a pesar de la orden contraria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2022.
El 28 de noviembre, el TC peruano emitió un fallo que consideró improcedente una solicitud de aclaración presentada por el procurador del Poder Judicial sobre la sentencia que otorgó un habeas corpus al ex presidente en marzo de 2022. El documento afirmó que la decisión de 2022 fue final y jurídicamente válida, sin posibilidad de impugnación.
El caso Barrios Altos involucró el asesinato de 14 civiles en esa urbanización en Lima en 1991. Estos actos fueron perpetrados por el Grupo Colina, dirigido por Fujimori, utilizado para combatir a la organización terrorista Sendero Luminoso. La acción del Grupo Colina fue en respuesta al auge de Sendero Luminoso a principios de la década de 1990, cuando buscaban tomar el control del Estado mediante la violencia para establecer un Gobierno del proletariado.
