El Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, negociado y aprobado en 2017 en Naciones Unidas, entró oficialmente en vigor este viernes tras ser ratificado por medio centenar de países.
Sin embargo, continúa enfrentándose a la oposición de las potencias atómicas y de organizaciones como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Se trata del primer tratado multilateral de desarme nuclear aprobado en más de dos décadas y en él los firmantes se comprometen entre otras cosas a no desarrollar, adquirir, almacenar, usar o amenazar con usar armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares.
El documento incluye además procedimientos para que los países con armas nucleares que quieran sumarse declaren y destruyan sus arsenales.
Su entrada en vigor se produce, como estaba previsto, 90 días después de que el número de países que lo han ratificado alcanzase los 50, una cifra que se logró el pasado octubre gracias a Honduras.
Actualmente, de los más de 120 Estados que participaron en la aprobación, 86 han firmado el documento y 51 han finalizado su ratificación, entre ellos muchos latinoamericanos.
Los impulsores del tratado admiten que no es probable que ninguna potencia atómica se una pronto, pero confían en que la nueva norma contribuirá a la larga a aumentar la presión para que se deshagan de sus arsenales.
De hecho, todas las potencias nucleares boicotearon las negociaciones del tratado, tanto las reconocidas oficialmente en el Tratado de No Proliferación de 1968 y que son los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (EE.UU., Reino Unido, Francia, China y Rusia) como el resto de países que se sabe que disponen de bombas atómicas (Corea del Norte, Pakistán, la India e Israel).
Tampoco participaron en las negociaciones los miembros de la OTAN, con la excepción de Holanda, que sí lo hizo pero no se ha sumado al Tratado.
Varios de esos Estados tienen armas nucleares estadounidenses estacionadas en su territorio y la Alianza Atlántica, como organización, se opone al instrumento y defiende que no dará lugar a la eliminación de “una sola arma” nuclear por la ausencia de las potencias y la falta de mecanismos de verificación.
Entre quienes no han firmado el Tratado figura España, que lo rechazó bajo el Gobierno conservador del Partido Popular y que sigue sin sumarse a pesar de que en 2018 el Ejecutivo de coalición del PSOE y Podemos se comprometió a hacerlo.
La ONU celebró este viernes la entrada en vigor destacando el “papel decisivo de la sociedad civil” en todo el proceso y la “fuerza moral” que le da el trabajo en él de supervivientes de las explosiones y los ensayos nucleares.
“La entrada en vigor del Tratado es un tributo a los esfuerzos de promoción inquebrantables de esas personas”, destacó en un mensaje en vídeo el secretario general de la organización, António Guterres.
El portugués recordó que “las armas nucleares constituyen una amenaza creciente y el mundo debe adoptar medidas urgentes para eliminarlas y evitar las consecuencias catastróficas de su uso para la humanidad y el medio ambiente”.
“La eliminación de las armas nucleares sigue siendo la máxima prioridad de las Naciones Unidas en la esfera del desarme. Exhorto a todos los Estados a que colaboren para hacer realidad esta ambición de promover la seguridad común y colectiva”, concluyó.
Con información de EFE
