El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes ejecutaron una orden de aprehensión por el presunto delito de traición a la patria, relacionado con la participación de ciudadanos estadounidenses en operaciones de seguridad realizadas en territorio mexicano.
La detención ocurrió cerca de la medianoche del domingo, cuando el exfuncionario salía de las instalaciones del Tribunal del Distrito Judicial Morelos, donde previamente había obtenido la posibilidad de enfrentar en libertad un proceso penal del fuero común.
El encargado de despacho de la Fiscalía estatal, Gilberto Loya Chávez, informó que Jáuregui Moreno quedó bajo custodia de las autoridades federales y deberá comparecer ante un juez por una causa distinta a la que enfrenta en Chihuahua.
“El proceso penal, en Chihuahua, sigue su curso, sin embargo, he sido informado de que la Fiscalía General de la República cumplimentó una orden de aprehensión del fuero federal en contra de César J. M.”, señaló.
Investigación por presencia de extranjeros en operativos policiales
El exfiscal ya había sido detenido el viernes anterior por acusaciones de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, derivadas de la presunta autorización para que cuatro ciudadanos estadounidenses participaran en actividades de la Agencia Estatal de Investigación.
Según la Fiscalía de Chihuahua, la presencia de estos extranjeros se remonta a octubre de 2025 y se extendió hasta abril de 2026, cuando participaron en un operativo contra un laboratorio de drogas sintéticas en la comunidad de El Pinal, en la sierra Tarahumara.
Durante la audiencia inicial de la causa penal 3055/2026, el Ministerio Público presentó entrevistas de policías ministeriales y agentes estatales que aseguraron haber tenido contacto con los extranjeros, a quienes identificaron como personal vinculado con la Embajada de Estados Unidos.
Las investigaciones también señalan que algunos de ellos participaron en otro despliegue policial realizado el 19 de marzo en los municipios de Nonoava y San Francisco de Borja.
Dos estadounidenses murieron durante un operativo
Uno de los episodios que forma parte de la investigación ocurrió el 19 de abril, cuando dos ciudadanos estadounidenses murieron después de que la camioneta en la que viajaban junto con el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera Cervantes, cayera a un barranco y se incendiara en la comunidad de Polanco.
Las víctimas fueron identificadas como Richard Leiter Johnston y John Dudley Black. De acuerdo con los datos expuestos por el Ministerio Público, sus cuerpos fueron reclamados por funcionarios del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez.
Los testimonios recabados también señalan que los extranjeros acompañaron en diversas ocasiones al fiscal especializado de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, Guillermo Arturo Zuany Portillo.
Incluso, según la acusación, en las oficinas de ese funcionario se les habrían entregado armas largas antes de trasladarse al operativo realizado en El Pinal.
Hoteles, vehículos y registros de ubicación entre las pruebas
Como parte de la investigación, el Ministerio Público presentó reservaciones de hospedaje en un hotel Holiday Inn de la capital de Chihuahua, correspondientes a octubre de 2025, enero y abril de 2026.
También exhibió contratos de arrendamiento de vehículos y registros de geolocalización que, según la Fiscalía estatal, documentarían la presencia frecuente de los ciudadanos estadounidenses en instalaciones del Complejo Estatal de Seguridad Pública.
Aunque en la investigación se les ha señalado como presuntos integrantes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), esa condición no ha sido acreditada oficialmente en la información presentada.
Antes de la nueva detención, un juez de control había autorizado que Jáuregui Moreno enfrentara el proceso estatal bajo medidas cautelares, entre ellas entregar su pasaporte, acudir a firmar cada 30 días y evitar acercarse a los testigos.
Sin embargo, la orden de aprehensión ejecutada por la FGR cambió su situación jurídica, al quedar sujeto a un procedimiento federal por el presunto delito de traición a la patria.
Será un juez federal quien determine las medidas correspondientes dentro de esta nueva causa penal. Por ahora, las acusaciones permanecen sujetas a investigación y no existe una sentencia condenatoria contra el exfuncionario.