A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, dio a conocer que firmó un convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado de Veracruz, para intercambiar información para la prevención y combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos relacionados.
En el mismo boletín, Hacienda detalla que se contempla el impulso de actividades de capacitación, cooperación técnica y mejores prácticas institucionales.
A continuación el comunicado:
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), suscribió un convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el propósito de fortalecer los mecanismos de intercambio de información y coordinación institucional para la prevención y combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos relacionados.
El convenio forma parte de las acciones orientadas a fortalecer las capacidades de inteligencia financiera y procuración de justicia entre autoridades federales y estatales.
El instrumento establece mecanismos de colaboración para el intercambio de información estratégica, el desarrollo de acciones conjuntas, así como procesos de coordinación técnica y operativa que contribuyan al fortalecimiento de investigaciones relacionadas con delitos financieros y estructuras económicas de la delincuencia organizada.
Asimismo, se contempla el impulso de actividades de capacitación, cooperación técnica y mejores prácticas institucionales, con el objetivo de robustecer los procesos de análisis, prevención y detección de operaciones ilícitas.
La coordinación entre autoridades federales y estatales fortalece la capacidad del Estado mexicano para enfrentar riesgos asociados al lavado de dinero, la corrupción y otros delitos que afectan la integridad del sistema financiero y la seguridad pública.
Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de los mecanismos preventivos y de cooperación institucional impulsados por el Estado mexicano, en concordancia con los estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
