Con 42 votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención, el Congreso de Veracruz aprobó la noche de este martes la reforma constitucional que redefine el procedimiento para designar a la persona titular de la Fiscalía General del Estado (FGE). El cambio devuelve a la gobernadora la facultad de nombrar directamente al fiscal, quien permanecerá en el cargo por cuatro años en lugar de los nueve establecidos actualmente.
La discusión se extendió hasta casi la medianoche y provocó un fuerte intercambio entre la bancada de Morena y los grupos opositores. Mientras los legisladores oficialistas defendieron la modificación como una modernización del sistema de procuración de justicia, diputadas del PAN, Veracruz Nos Une y Movimiento Ciudadano advirtieron que se trata de un retroceso que debilita la autonomía del Ministerio Público.
Oposición acusa concentración de poder
Desde el PAN, la diputada Indira Rosales cuestionó que la reforma concentre la decisión del nombramiento en una sola figura y reduzca los contrapesos que ejerce el Congreso.
“¿La Fiscalía General del Estado de Veracruz es autónoma en este momento? No. Pero esa realidad no es argumento para retroceder”, afirmó. Señaló que el modelo aprobado “legaliza que el fiscal sea un empleado del gobernador en turno”, lo cual, dijo, aleja la posibilidad de construir un contrapeso efectivo.
En representación del grupo Veracruz Nos Une, la diputada Monserrat Ortega advirtió que el nuevo diseño “reduce la independencia técnica de la Fiscalía” y amplía la intervención del Ejecutivo en la designación y remoción.
“Las fiscalías debilitadas pueden convertirse en instrumentos de persecución o de impunidad. Esto pone en riesgo a las víctimas y el acceso a la justicia”, subrayó.
La postura de Movimiento Ciudadano fue en la misma línea. La diputada Elena Córdoba aseguró que el dictamen elimina requisitos esenciales para garantizar autonomía y abre la puerta a nombramientos “a modo”.
“Quieren modificar la Constitución para adueñarse de las instituciones y someterlas a su conveniencia. Con esta reforma, olvídense de convocatorias o evaluaciones”, lanzó.
Morena, PVEM y PT respaldan el cambio
En contraste, los diputados del PVEM, PT y Morena respaldaron el dictamen. Coincidieron en que el modelo actual ha quedado rebasado y que el periodo de nueve años dificulta la evaluación del desempeño del fiscal.
Carlos Marcelo Ruíz, del Partido Verde, afirmó que la reforma corrige deficiencias estructurales y no vulnera la autonomía del órgano.
“Lo que se modifica es el mecanismo de nombramiento, no la función autónoma. La reforma fortalece la institución”, aseguró.
Desde el PT, la diputada Elizabeth Morales sostuvo que el periodo largo ha generado estancamiento y falta de rendición de cuentas. “Nueve años son excesivos. Este ajuste permite controles democráticos más efectivos”, señaló.
Los legisladores de Morena, Luis Vicente Aguilar e Ingrid Jeny Calderón, defendieron que el nuevo esquema alinea a Veracruz con el modelo federal.
“El gobernador no tiene poder absoluto; el Congreso mantiene la facultad de objetar la remoción”, argumentó Aguilar. Calderón agregó que la reforma permitirá una Fiscalía más sensible a las víctimas y con enfoque de derechos humanos. “La seguridad se construye con una justicia real”, afirmó.
Autonomía en debate
Tras la aprobación, el dictamen será enviado a los ayuntamientos para su eventual ratificación. Mientras tanto, el debate continúa entre quienes aseguran que la reforma permitirá corregir fallas que han frenado la procuración de justicia, y quienes alertan que el cambio abre la puerta a la subordinación política de una institución clave para el estado.
El tema, señalaron diversos legisladores, tendrá impacto directo en la configuración del nuevo gobierno y en el futuro inmediato de la Fiscalía General del Estado.
