Un grupo de seis trabajadores despedidos de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de Veracruz inició una huelga de hambre y tomó las instalaciones de la dependencia, ubicadas en la esquina de Bustamante y Altamirano, como medida de protesta por lo que consideran un cese injustificado.
Acdmer Antonio Galicia Campos, secretario general del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz (SEPEV), informó que los trabajadores recurrieron a esta acción extrema ante la falta de respuesta por parte de la Dirección General de Política Regional, encargada de mediar en el conflicto.
Según Galicia Campos, los despidos se llevaron a cabo sin seguir el procedimiento legal, ya que no se levantó un acta administrativa que justificara el cese por incumplimiento o desobediencia.
El líder sindical explicó que los trabajadores afectados, quienes forman parte de la Brigada contra Incendios del Valle de Perote y una empleada de las oficinas centrales, fueron despedidos bajo el argumento de la Sedema de que pertenecen al régimen de Empleados Temporales Administrativos (ETA), lo que, según la dependencia, les priva de derechos laborales.
Sin embargo, el SEPEV asegura que los trabajadores cuentan con el respaldo de las tomas de nota debidamente registradas ante la autoridad laboral.
Galicia Campos denunció además que la empleada de las oficinas centrales ha sido víctima de hostigamiento y acoso por parte de funcionarios que, afirmó, “quedaron incrustados desde la administración de Cuitláhuac García”.
Criticó la indiferencia de la titular de la Sedema, Luz María Zaleta, quien delegó la atención del conflicto a su secretario particular, y la inacción de la Dirección General de Política Regional.
“Los compañeros están viviendo una situación caótica emocionalmente. Se quedaron sin recursos, incluso para solventar los gastos de los estudios de sus hijos. No tienen trabajo, no tienen certidumbre y no tienen la causa de estos despidos”, lamentó el líder sindical.
Los trabajadores en protesta han declarado que mantendrán la huelga de hambre y la toma de las instalaciones hasta que la Dirección General de Política Regional ofrezca una solución definitiva, que incluya la reinstalación en sus puestos de trabajo.
