CAMALEÓN
La escabrosa dupla integrada por la corrupción y la impunidad conforma la idea de un bloque monolítico de gruesa estructura que en México ha sido prácticamente imposible de demoler, e intentar devastarlo con el solo espíritu de las leyes se asemeja a un trampolín sin agua de por medio. Después del sexenio de López Portillo caracterizado por su acentuada corrupción y nepotismo, el presidente Miguel de la Madrid inició un programa de “Renovación Moral de la Sociedad”, en cuyo inicio se creó la Secretaría de la Contraloría General de la Nación; poco después la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, por reforma constitucional en 1999, fue sustituida por la Auditoría Superior de la Federación con facultades de vigilancia y capacidad de control sobre la Administración Pública Federal, y fiscalizar el recurso federal en todos los órdenes de gobierno. Para proseguir en ese intento anticorrupción se reforzó el marco normativo con la ley de Fiscalización Superior, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley de Asociaciones Público Privadas, Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas etc., todo un andamiaje que en países con instituciones sólidas garantizarían casi cero corrupción, con excepción de México, por lo visto.
Ese exordio lo sugiere la noticia de que la señora Karime Macías libró el riesgo de ser extraditada a México porque la fiscalía general del Estado de Veracruz (FGE) no fue capaz de probar sus acusaciones por el delito de fraude específico en agravio del DIF de Veracruz durante la gestión de la referida señora. Por tal desatino merecería ser aplicada la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, porque la documentación que se debió presentar en el juicio de extradición es abundante y debe estar en los registros del Ministerio Público. Tan copioso como obvio es el rico patrimonio acumulado por la señora Karime gracias al dinero público extraído de las arcas veracruzanas usando el método de empresas fantasmas, como lo narran con precisión quienes fueron sus colaboradores y amigos José Juan Janeiro Rodríguez y Moisés Mansur Cysneiros, y el apoyo del abogado fiscalista Alfonso Ortega López. Este caso demuestra una vez más que sin castigo la impunidad impera y con este abono la corrupción florece.
