“El verdadero progreso consiste en renovarse.” – Alejandro Vinet.
El transporte público en la modalidad de taxi en Veracruz enfrenta una crisis estructural que afecta tanto a los usuarios como a los propios concesionarios. Más del 60% del parque vehicular requiere renovación urgente, y se estima que muchas unidades operan con doble o hasta triple emplacado, lo que facilita el pirataje y la competencia desleal. A esto se suma un servicio deficiente, caracterizado por unidades en mal estado, conductores sin capacitación y una negativa sistemática del gremio a modernizarse.
A ello habrá que agregar la recurrente participación de taxistas –operadores- en la comisión de algunos delitos, que van desde el robo, hasta el secuestro, algo que no puede ser negado por el gremio, pues las denuncias ciudadanas abundan por cientos en todo el estado.
La resistencia del sector taxi a la entrada de plataformas como Uber, Didi o InDriver ha sido persistente. Recientemente, taxistas se manifestaron en diversas ciudades del estado para exigir que estas aplicaciones no sean autorizadas, argumentando que representan una amenaza para su fuente de ingresos.
Sin embargo, la realidad es que estas plataformas ofrecen a los usuarios un servicio más eficiente, transparente y seguro, lo que ha incrementado su demanda en otras entidades del país.
La gobernadora Rocío Nahle García ha reconocido la necesidad de regularizar y modernizar el servicio de taxis en Veracruz. Aunque ha señalado que actualmente no hay autorización para la operación de plataformas como Uber o Didi en el estado, también ha indicado que se está trabajando en un reordenamiento del servicio, incluyendo la revisión de tarifas y la regularización de unidades sin placas. Este enfoque busca equilibrar los intereses de los concesionarios con las demandas de los usuarios, promoviendo un servicio de calidad y competitivo.
Es importante recordar que las concesiones de taxi son otorgadas por el estado y, por lo tanto, pueden ser revocadas en caso de incumplimiento de los lineamientos establecidos. La negativa del gremio a adaptarse a las nuevas tecnologías y a mejorar el servicio podría justificar la revisión de estas concesiones, especialmente si se comprueba que el servicio ofrecido es deficiente o que se incurre en prácticas ilegales.
En periodos electorales, algunos grupos de taxistas han mostrado simpatía hacia partidos de oposición, utilizando su influencia para presionar al gobierno en turno. Sin embargo, el interés público debe prevalecer sobre los intereses particulares. El gobierno estatal tiene la responsabilidad de garantizar un servicio de transporte seguro, eficiente y accesible para todos los veracruzanos.
La modernización del servicio de taxis en Veracruz es una tarea urgente que requiere voluntad política y colaboración entre autoridades y concesionarios. La incorporación de plataformas digitales, la renovación del parque vehicular y la capacitación de los conductores son pasos necesarios para ofrecer a los ciudadanos el servicio de calidad que merecen.
