El Congreso de El Salvador, controlado mayoritariamente por el oficialismo, ha aprobado la noche del jueves una licencia de seis meses para el presidente Nayib Bukele, quien ha expresado su deseo de buscar la reelección en las elecciones generales programadas para febrero de 2024. Esta medida , que ha generado intensos debates y críticas, fue solicitada por el propio mandatario y se presenta como el último requisito según una controvertida decisión de la Corte Suprema de El Salvador.
El decreto legislativo, respaldado por 67 de los 84 diputados presentes y con dispensa de trámite, establece que la licencia será efectiva desde el 1 de diciembre de 2023 hasta el 31 de mayo de 2024. Durante este período, Bukele no percibirá sueldo, pero conservará todas las prerrogativas asociadas a su cargo presidencial. Además, la licencia no implica una ruptura del vínculo entre el presidente y el órgano que representa, sino que simplemente suspende el ejercicio de las competencias y funciones públicas inherentes a su cargo.
Es importante destacar que, en virtud de esta decisión legislativa, se otorga también inmunidad al presidente Bukele, lo que implica que no puede ser procesado penalmente previa sin autorización del Congreso, consolidando así su protección legal durante este período de licencia.
El contexto legal que permite a Bukele buscar la reelección se basa en una polémica sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, emitida en 2021. Según dicho fallo, un presidente que se postula como candidato presidencial para un segundo período debe solicitar una licencia durante los seis meses anteriores al inicio del siguiente período. Este cambio de criterio ha generado críticas y cuestionamientos sobre su legalidad, especialmente porque la elección de los magistrados de la Corte Suprema no siguió los procesos legales establecidos.
Antes de este cambio en la interpretación legal, un presidente debía esperar 10 años después de concluir su mandato para poder postularse nuevamente, lo cual marcaba una clara limitación para la reelección inmediata. Sin embargo, con la reciente decisión de la Corte, este requisito se ha reducido a seis meses.
Este paso hacia la reelección ha generado fuertes críticas por parte de la oposición, que argumenta que otorgar la licencia para participar en la campaña no se ajusta a la Constitución, la cual prohíbe la reelección inmediata. La diputada Claudia Ortiz, del partido opositor VAMOS, expresó que “no se puede dar una licencia para algo que es ilegal, no se puede dar una licencia para violar la Constitución”. En este contexto, la situación política en El Salvador ha suscitado preocupaciones sobre el respeto a las normas y la institucionalidad del país.