Adolfo Ramírez Arana, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, hace un llamado enérgico a Cuitláhuac García Jiménez, actual gobernador del estado, solicitándole que respete su papel institucional y no interfiera en el proceso electoral en cursor. Esta demanda del líder priista se basa en la necesidad de mantener el respeto a las leyes electorales y garantizar la imparcialidad en el desarrollo de las elecciones.
Ramírez Arana enfatiza la importancia de que el Ejecutivo estatal evite inmiscuirse en los asuntos internos de los partidos políticos y cualquier posible alianza que puedan establecer. El dirigente del PRI recalca que la función principal de García Jiménez es gobernar y velar por el bienestar de las familias veracruzanas, responsabilidad que, según él, ha sido descuidada, reflejándose en la falta de resultados significativos durante su administración.
El líder estatal del PRI anuncia la intención del partido de presentar quejas formales ante los órganos electorales correspondientes debido a las declaraciones realizadas por el gobernador en una conferencia reciente llevada a cabo en el Palacio de Gobierno. Señales que dichas declaraciones podrían constituir actos anticipados de campaña, propaganda personalizada y potencial uso indebido de recursos públicos.
Ramírez Arana advierte a García Jiménez sobre la importancia de abstenerse, él y sus funcionarios públicos, de realizar referencias directas a posibles aspirantes, ya que esto podría interpretarse como actos anticipados de campaña. También destaca que la concentración masiva de funcionarios públicos en eventos partidistas puede ser considerada como coacción y colusión, lo cual debe evitarse para preservar la transparencia en el proceso electoral.
En cuanto a la crítica sobre la falta de desglose de beneficios a los veracruzanos durante el Quinto Informe de Gobierno, Ramírez Arana argumenta que este evento fue utilizado más como una estrategia publicitaria para preservar el poder que como un ejercicio responsable de rendición de cuentas. Además, insta al gobernador a abordar y aclarar los señalamientos de desvíos documentados en su administración, como el caso de la maestra Araly y las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por más de 9 mil millones de pesos.