La orden de aprehensión dirigida a Gilda Lozoya Austin sigue manteniendo validez. Un juzgado de distrito ha denegado la solicitud de amparo presentada por la hermana de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex). La orden de captura fue emitida por un juez de control con sede en el Reclusorio Norte, debido a las presuntas implicaciones de Gilda Lozoya en operaciones con recursos de origen ilícito en relación con el caso Agronitrogenados.
La decisión fue tomada por Sandra Leticia Robledo Magaña, titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en materia Penal, quien argumentó que el mandato judicial establecido por el juez de control Jesús Eduardo Vázquez Rea es justificado y motivado. La acusación se basa en una denuncia presentada por Araceli Cortez Hernández, apoderada legal de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como en la información proporcionada por el Departamento de Justicia y el Fiscal del Distrito Este de Nueva York, además de la Fiscalía General de Brasil.
El fallo del juzgado señala que no se han infringido el derecho al debido proceso ni los principios de libertad, legalidad y seguridad jurídica de Gilda Susana. La jueza explicó que “la autoridad judicial responsable no ha violado su garantía de debido proceso ni los principios de libertad, legalidad y seguridad jurídica, establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución”, ya que los procedimientos esenciales del proceso se llevaron a cabo.
La jueza añadió que la representación legal solicitó la orden de aprehensión contra la solicitante, presentando una descripción de los hechos imputados y exponiendo las razones que justificaban la aplicación del artículo 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La jueza explicó que para emitir una orden de este tipo en el sistema penal acusatorio y oral, no es necesario ni obligatorio demostrar la existencia del delito y la probable culpabilidad, sino simplemente es necesario establecer que un delito definido por la ley ha sido cometido y que hay posibilidad de que la acusada haya participado en su comisión. Según el expediente, los datos de prueba presentados por la Fiscalía y evaluados adecuadamente por la jueza son suficientes para demostrar la existencia del acto delictivo.
Según la investigación de la fiscalía, entre junio y noviembre de 2012 se transfirieron más de 3 millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México a una cuenta a nombre de Gilda Susana. Supuestamente, este dinero fue utilizado para adquirir una residencia en la colonia Lomas de Bezares. Por esta razón, el Ministerio Público Federal solicitó la orden de aprehensión contra la mujer como una medida cautelar.
