El premio nobel de economía (2001) Joseph Stiglitz, establecía en su libro La creación de una sociedad del aprendizaje los siguientes tres postulados:
1. Hoy día el principal factor que explica el desarrollo de los países es la capacidad de aprendizaje de la sociedad
2. La calidad de vida de las sociedades actuales es el resultado de los avances en el conocimiento y la tecnología
3. Construir una “sociedad del aprendizaje” es el camino más corto para mejorar el bienestar de quienes viven en los países en vías de desarrollo.
Estos postulados se han convertido en líneas de acción para muchas empresas y gobiernos a nivel mundial. Con base en iniciativas como el modelo de innovación de cuarta hélice (integra a universidades, empresas, gobierno y sociedad civil) se impulsan proyectos de desarrollo para regiones y países.
Desafortunadamente en el caso de México, en lugar de impulsar iniciativas que integren los esfuerzos de los distintos sectores de la sociedad, a lo largo de los últimos años hemos visto de manera sistemática un ataque contra esa integración. Por ejemplo, Conacyt ha destruido los vínculos entre el sector tecnológico y el sector productivo del país, aludiendo a supuestas corrupciones por el mal uso de recursos públicos que el gobierno mismo nunca pudo probar.
Más grave aún es la ofensiva que se tiene contra las universidades. Este ataque empezó en el mes de mayo de 2019 cuando en el Congreso, en el proceso de reforma del artículo 3o. Constitucional, miembros de Morena trataron de eliminar de la Constitución el estatuto jurídico autonómico de las universidades. Este año el presupuesto de educación superior se ubica en el nivel que tuvo hace casi tres lustros y se constata que disminuyó el gasto en educación superior respecto al PIB, como viene sucediendo desde 2019. A esto hay que sumar la estrategia de cooptar las rectorías de varias universidades públicas y de posicionar el proyecto ideológico del gobierno en las comunidades universitarias. Las presiones gubernamentales han alcanzado su punto culminante en los ataques a la UNAM, que van desde el propósito de parar la investigación para invalidar el título profesional de la Ministra que plagió su tesis de licenciatura, la propuesta de modificar la ley orgánica de la UNAM para cambiar la forma de elección del rector y muy recientemente se han conocido acciones vandálicas contra diversos inmuebles de facultades de Ciudad Universitaria donde se han detonado petardos y bombas molotov. En contraste el gobierno ha impulsado como su más importante programa de política educativa en educación superior las llamadas universidades del bienestar. Hasta finales de 2022 se habían construido 145 planteles con un promedio de 200 estudiantes por plantel. Hay infinidad de críticas a este programa por su improvisación y falta de planeación, ínfima calidad de sus programas de estudio y diversas inconformidades de su planta docente. Los mas de 4 mil millones de pesos gastados en estas universidades bien pudieron haberse invertido en las universidades públicas con las que ya contamos. Seguramente tendríamos un mayor número de estudiantes atendidos y en programas de calidad.
A estas alturas del sexenio es evidente que la educación superior no ha sido una prioridad para este gobierno. Muy lamentable porque nuestro país tiene menos herramientas para construir su futuro. Muy preocupante nuestra realidad frente a la experiencia de otros países, donde la educación superior de calidad es una prioridad, donde se multiplican los esfuerzos para construir proyectos innovadores para transitar exitosamente a la sociedad digitalizada, fase superior de la sociedad del conocimiento. Pero por mucho que este gobierno retrase el reloj de la historia, tarde o temprano tendremos que regresar a construir las condiciones para que México pueda edificar su futuro a partir de proyectos exitosos con la participación integrada de universidades, empresas, gobierno y sociedad civil.