Crisis de la universidad.

Por Rafael Arias Hernández

0
53

Mutatis mutandis

 

Por Rafael Arias Hernández

Inocultable, la problemática en el país se hace presente y no puede ignorarse o minimizarse, sobre todo porque se supone que la conocida institución de educación superior, es distinguido espacio del pensamiento y del conocimiento , sobre todo crítico y creativo, eficiente y preventivo.

Y además, porque se viven tiempos de cambio múltiple y diverso,  de transformaciones en todos los contextos mundial, nacional y local; mismos que ocasionan modificaciones y  efectos, de diversa intensidad y alcance en organizaciones, empresas e instituciones públicas y privadas.

Consecuentemente, en términos generales,  es natural y entendible, pero no justificable y aceptable, que tanto en los mercados, pero sobre todo en dependencias e instituciones oficiales, haya quienes defiendan (y se refugien en) privilegios, beneficios  y ventajas,  hoy  insostenibles e improcedentes, o cuando menos sujetos a revisión y ajuste. Quien quiera escuchar que escuche y atienda.

En este cambiante marco de referencia y de operación. La Universidad Pública es espacio  de las libertades y derechos individuales y colectivos;  y, sobre todo, órgano autónomo de  auténtica e ineludible responsabilidad pública, ya que es la sociedad su origen y destino,  la que la apoya y sostiene a través del Estado y sus ámbitos de gobierno.

La sociedad ha estado y está, antes que la Universidad que,  como toda institución gubernamental, debe y  tiene que ser fiscalizada y evaluada permanentemente, por su origen y destino; es decir por esa misma sociedad.

Responsabilidad institucional que, por cierto, ineludiblemente empieza con verdaderas transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y evaluación ciudadana y social.

Cualidades que se supone deberían caracterizarlas, pero que en la actualidad, excepciones aparte, con frecuencia son cuestionadas, por estar  ausentes o ser insuficientes en su funcionamiento cotidiano,  en donde persiste mediocridad y perversidad,  al comprobarse que, en muchas formas, ha llegado a  permitirse y facilitarse el uso y abuso  de atribuciones y recursos públicos, ocasionando, numerosos casos de ineficiencia y corrupción. Casos que, incluso han trascendido, para  convertirse en históricos escándalos, hasta hoy en la impunidad.

“La estafa maestra”, la privatización y concesión de servicios universitarios, la disposición arbitraria o injustificada de apoyos, estímulos y subsidios, el injustificado enriquecimiento; y muchos otros ejemplos, muestran y demuestran que la universidad pública puede ser  afectada, de muchas formas, por ineficiencia y corrupción.

Corrupción e ineficiencia que, como es tradición o costumbre en los ámbitos gubernamentales, son  alentadas o apoyadas por procuración y encubrimiento “carnal”;  por seguimiento y control a “modo”; por contralorías internas auto designadas; y por la simulación y el entretenimiento de hacer como que se hace.

Lamentable, que la problemática o crisis, sin política financiera actualizada, ha llegado a afectar  o debilitar, la capacidad económica institucional,  hasta suspender total o parcialmente importantes gastos, como sueldos y prestaciones de los  trabajadores universitarios.

Sin duda,  hay mucho de que hablar al respecto, y más cuando, en muchas formas,  los cambios en estructuras y funciones institucionales, se hacen presentes en casi todos los frentes. Como los relacionados con la Reforma de Estado, a la que hay que ajustarse; la actualización de la legislación en educación pública  vigente, para su reorientación  y fortalecimiento,  a todos los niveles.

Oportuno y conveniente  aclarar  desde ahora,  que los efectos y daños causados, así como la debilidad e ineficiencia, o la fortaleza y ventaja,  en su funcionamiento  y  capacidad de servicio,  no es igual en todas. Hay contadas Universidades Públicas, con algunas ventajas.

Importante diferenciar  situación y perspectiva de cada una, para fortalecer  estructura y funciones, así como  prever  y evitar daños mayores.

Consecuentemente, para mejorar y fortalecer, hay que apoyar y respaldar sus funciones, como sus contralorías internas, protegidas y definidas por su carácter autónomo; y también, hay que fortalecer la contraloría externa, establecida y aplicable a toda forma de gobierno y sus instituciones, aspecto central de la fiscalización institucional que es derecho y facultad irrenunciable de la sociedad.

EL TAMAÑO DE LOS DAÑOS.

Desde hace   años la crisis de la Universidad Pública, primero se hizo  recurrente en algunas, extendiéndose hasta afectar  a más de 25 instituciones,  destacándose la atención inmediata y efectiva de la  problemática económica y financiera, para no padecer las consecuencias,  como la paralización total o parcial, según el caso.

No está por demás apuntar que el subsistema de educación superior, requiere de atención;  y que están en puerta cambios importantes en la legislación secundaria, que obligaran a realizar los ajustes internos correspondientes

Las problemáticas referidas,  afectan de manera diferente, tanto a universidades  federales, como a las estatales y al subsistema referido.

Identificándose en general, como   principales factores de decisión: el gobierno federal, los gobiernos estatales, las autoridades universitarias,  y las organizaciones sindicales.  Todos, con capacidad de dialogo y solución,  sin excluir a la determinante  comunidad universitaria, muchas veces marginada por la inexistente democracia; o manipulada y contenida, por la absurda y obsoleta distorsión, en su interior.

En los últimos años, el problema afecta a más de 25 universidades y se estiman necesarios 17 mil millones de pesos, para atender situación y reclamos en aumento,y evitar paro de actividades, o movilizaciones de inconformidad y protesta.

Hasta hoy, los trabajadores universitarios afectados, cuentan con  apoyo y solidaridad de organizaciones sindicales, encabezadas  por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU),  que han logrado soluciones momentáneas o parciales.

Debe destacarse, que el gobierno federal no adeuda y ha obligado a toda Universidad a mejorar su transparencia, austeridad y eficiencia. Que en los conflictos suscitados  y presentes, la responsabilidad se concentra en la capacidad de respuesta de los Gobiernos estatales,  en la  eficiencia y honestidad de  las autoridades universitarias, y en la representatividad y congruencia de  las organizaciones sindicales.

En  los casos de Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Edo. de México, Chiapas, Zacatecas, Morelos, Sinaloa y otros afectados por el paro y la movilización por inconformidad, la intervención de la CONTU ha sido y es determinante.

En fin, tan solo por la afectación a decenas de miles de trabajadores y sus familias, así como a cientos de miles de jóvenes universitarios,  el problema exige atención inmediata. Seguiremos.

 

-Academico.IIESESUV @RafaelAriasH,Facebook:VeracruzHoydeRafaelAriasH

.

 

Dejar respuesta