Si cede la ley, más delincuencia e impunidad.

Por: Rafael Arias Hernández.

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Por: Rafael Arias Hernández.

A 445 días del final, de la alternancia de mal en peor, no hay división de poderes, menos ciudadanización o participación social reales, y los órganos autónomos son limitados y socavados. El colmo un Congreso local ignorado, cooptado y secuestrado.

El PAN-PRD en el poder, para no poder.

Para los veracruzanos siguen y sobresalen, las conocidas y padecidas pobreza, hambre e inseguridad en aumento;  las persistentes crisis económica y de las finanzas públicas estatales y municipales; y hay que agregar,  la crisis institucional, resultado de mala y peor administración pública y del insistente socavamiento del Estado de Derecho, con más ineficiencia y delincuencia gubernamental; situación,  que ha conducido y conduce a más debilitamiento, parálisis o destrucción de instituciones y dependencias oficiales.

Ante falta de voluntad política, creciente ineptitud y mediocridad, con la ineficiencia y ausencia  de una buena atención oficial, se acumulan más y más los problemas.

En su mayoría, ahora resultan, expertos en excusas y pretextos, profesionales del escándalo y la distracción;  auto-promovidos protagonistas de la desgracia y desastres naturales; clientelistas, condicionadores y beneficiarios del asistencialismo y desarrollo social, de programas oficiales contra la pobreza.

Más, ante presiones inflacionarias desatadas por el  PRI-VERDE del despeñadero, donde los gobiernos,  con sus funcionarios y gobernantes tan inútiles como bien pagados,  hacen poco o nada significativo (o importante) para evitar o disminuir,  el gran daño en la ya de por si reducida capacidad de compra de la población.

Excepciones aparte, solo les preocupa y ocupa,  seguir en el poder, para aprovecharlo,  conservarlo o pasarlo a socios, familiares y cómplices.

Así, Veracruz entra a su cuarto proceso de elecciones consecutivas.

Cuatro años seguidos, en los que se ha demostrado a costos muy altos, que dichas elecciones, además de ocupar excesivos recursos públicos (materiales y humanos), mantienen y mantendrán a políticos y gobernantes en lo que más les importa: la continuidad de la impunidad.

No extraña que muchos se conviertan o sigan de intocables y reciclables.  Algunos, hasta protegidos con  injustificado fuero.

VIGENTE Y APLICABLE LA LEY… DE HERODES.

Ante alternancia de la opacidad, hay que insistir y preguntar: ¿de qué tamaño es el daño recibido y cuál es ya, el acumulado? ¿A cuánto asciende el total-total de la deuda pública estatal y municipal? ¿Dónde están los miles de millones de pesos presupuestados y desaparecidos?

¿Y los resultados de la entrega recepción?

Crecen hartazgo e inconformidad social. El remedio convertido ya, en muchas formas, en parte o el principal problema.

No es posible que ante la reiterada violación de las leyes no se haga nada; y mientras, la impunidad simule, distraiga o llene de olvido el asunto, hasta que aparece otro escándalo y lo desplaza de la atención pública del momento,

No es posible, seguir sin hacer nada. Incluso, en muchos casos,  que se sabe de las lagunas en  las leyes, o su notoria falta de aplicación o distorsión;  y, a  veces, de la existencia de  mares y océanos tanto de negligencia, ineficiencia y delincuencia gubernamental, como de desinterés y pasividad social.

Si ganamos  y ejercemos el derecho de elegir a los representantes y servidores públicos, igualmente tenemos derecho de revocar y evaluar permanentemente; a conocer sus desempeños, lo que hacen  (bien, mal o peor) y lo que no hacen o dejan de hacer.

Urgen gobiernos legítimos; fortalecidos en  confianza y representatividad social, no en ineficiencia y rapacidad, de  corrupción e impunidad.

Mejorados y legitimados permanentemente. No sólo a través de su obligada transparencia y rendición de cuentas,  sino también en su exposición permanente a la evaluación social y al escrutinio público.

Importante exigirles y recordarles, que son los primeros obligados en fortalecer el Estado de Derecho; en los hechos, cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes; e incluso, proponer su actualización y reformas.

Sin excepción, tienen la ineludible  obligación de transparentar sus actos, de informar de todas y cada una de sus actividades y planes.

No es  gracioso favor personal, o  voluntaria  concesión monarquica. Todos están obligados a aclarar las cosas, a dar explicaciones y, desde luego,  a combatir desinformación y escándalo, con su propia actitud, desempeño y ejemplo.

Para empezar, voluntad política verdadera, para cumplir y hacer cumplir la ley. Y en caso de que no exista,  proponer las reformas o creación de l normas, de los derechos y obligaciones, para que se cubra esta falta. Aunque, ¿de qué sirven buenas leyes si no se aplican ni cumplen?

Tener siempre presente, que la ley es imprescindible para la convivencia civilizada y la solución pacífica de conflictos y problemas.

Lo que se está viviendo, es un simple desplazamiento de la justicia, por el ajusticiamiento y abuso de los poderes reales. Es impostergable  detener y erradicar corrupción e impunidad, que afectan ya a muchas de las instituciones públicas.

Impedir que irresponsabilidad, complicidad y  delincuencia   se conviertan en resignación, costumbre o sistema. ¿Qué tipo de sociedad y de gobierno formamos y deformamos, sostenemos y dejamos a las futuras generaciones?

Con voluntad y determinación, la solución es simple, aunque no fácil ni rápida. Demasiados intereses, obstáculos limitaciones y resistencias. Pero no hay de otra: empezar por cumplir y hacer cumplir. Que no ceda la ley, empezando por quienes las hacen y, en general, los que tienen la responsabilidad de gobernar.

DE LO FACIL A LO DIFICIL.

Imprescindible insistir: oportuna y autentica transparencia y rendición de cuentas; evaluación social,  fiscalización objetiva y deslinde oportuno de responsabilidades, de reconocimientos o señalamientos. A partir de los resultados y condiciones existentes,  determinar que es un acierto y que un error.

Precisar logros y avances,  pendientes y retrocesos. Distinguir fortaleza de debilidad, para determinar capacidades, alcances y  limitaciones.

Se ha dicho y hay que repetirlo. El problema no es casual, tiene orígenes, causas y responsables. El proceso es tan conocido como persistente o recurrente.

Se debilitan las instituciones con  discrecionalidad, excesivo protagonismo autoritario e irresponsabilidad de servidores públicos, de todos los órdenes de gobierno, que se supone están obligados a hacerlas funcionar bien. Determinante servir no servirse.

*AcademicoIIESESUV @RafaelAriasH. Facebook:VeracruzHoydeRafaelAriasH

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